La tragedia que rodea la muerte de Erick Leonardo Terán Torbellín, de tan solo 13 años, ha conmocionado a la sociedad mexicana y puesto bajo la lupa el funcionamiento de las academias militarizadas en el país. La prisión preventiva dictada contra Angélica "N" y Juan Carlos "N", presuntos responsables del homicidio calificado del menor, es un primer paso hacia la justicia que la familia y la sociedad exigen. Sin embargo, este caso destapa una serie de interrogantes que van más allá de la responsabilidad individual de los imputados. ¿Cómo es posible que una institución educativa, encargada de la formación de menores, se convierta en escenario de semejante brutalidad? Los testimonios de los compañeros de Erick, que relatan prácticas sistemáticas de maltrato, nos pintan un panorama desolador. Privación de agua y alimentos, ejercicios extenuantes bajo el inclemente sol, golpes con tonfas policiales… prácticas que se asemejan más a un campo de entrenamiento para la tortura que a un espacio de aprendizaje.

La versión inicial de la academia, que atribuía la muerte de Erick a un golpe de calor, se desmorona ante la contundencia de la autopsia. El estallamiento de vísceras, los hematomas y los signos de deshidratación hablan por sí solos. Un golpe de calor no produce ese tipo de lesiones. La mentira, como un intento desesperado por encubrir la barbarie, agrava aún más la indignación. Y la pregunta que surge es: ¿cuántos Erick más han sufrido en silencio el maltrato dentro de las paredes de esta academia? Las ocho denuncias adicionales por violencia familiar equiparada, que ahora investiga la Fiscalía de la Ciudad de México, sugieren que el caso de Erick no es un hecho aislado, sino la punta del iceberg de una problemática mucho más profunda.

La clausura temporal de la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc por falta de protocolos de protección civil y la confirmación de que operaba sin los permisos necesarios para realizar el campamento, revelan una negligencia criminal por parte de las autoridades responsables de supervisar este tipo de instituciones. ¿Cómo es posible que una academia que opera al margen de la ley, impartiendo "educación" basada en la violencia y el maltrato, haya podido funcionar impunemente durante tanto tiempo? Este caso debe servir como un llamado de atención para las autoridades. Es urgente una revisión exhaustiva de todas las academias militarizadas del país, para garantizar que se cumplan las normas y se protejan los derechos de los menores.

La imagen de Erick, "arrastrado como perro" y sometido a torturas, según el desgarrador testimonio de su madre, nos persigue. No podemos permitir que su muerte quede impune. La justicia debe llegar hasta las últimas consecuencias, no solo para los autores materiales del crimen, sino también para todos aquellos que, por acción u omisión, permitieron que esta tragedia ocurriera. La memoria de Erick nos exige no solo justicia, sino también un cambio profundo en el sistema que permitió que una institución "educativa" se convirtiera en un infierno para sus alumnos. El futuro de nuestros niños y jóvenes depende de ello.