La tierra lagunera, fértil cuna de cosechas y sustento, se encuentra hoy bajo la sombra opresiva del miedo. No es la sequía ni una plaga natural la que amenaza el futuro de los agricultores, sino una plaga de otra índole, una plaga humana que se ampara en la impunidad y la distorsión del sindicalismo: grupos de transportistas materialistas que exigen pagos ilegales, un "cobro de piso" disfrazado de acuerdos, a cambio de no paralizar la actividad agrícola. Este cáncer silencioso se extiende por los campos de Durango, carcomiendo la economía regional y sembrando la desesperanza en quienes con esfuerzo y dedicación labran la tierra.

El clamor de auxilio de los agricultores resuena en las denuncias del Consejo Cívico de las Instituciones Laguna (CCI), la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de Torreón y México SOS, quienes han alzado la voz ante la pasividad del gobierno estatal. La falta de respuesta contundente ante las evidencias presentadas, la tibieza con la que se han abordado las demandas del sector y la ausencia de mecanismos efectivos de colaboración entre autoridades y empresarios, dibujan un panorama desolador. Se acusa al Ejecutivo estatal de una alarmante indiferencia, de priorizar la estadística sobre la realidad, permitiendo que este "impuesto criminal" estrangule el desarrollo de la región.

Las consecuencias de esta extorsión sistemática son devastadoras. No se trata solo de las pérdidas millonarias que sufren los productores, obligados a pagar por tonelada transportada, por carga movilizada, o simplemente por el "permiso" de trabajar. El daño va más allá, se traduce en desinversión, en el abandono paulatino de los campos y en el retroceso de los logros alcanzados en materia de seguridad y desarrollo social. El miedo se ha convertido en un compañero inseparable del agricultor lagunero, que se ve forzado a aceptar la extorsión como una parte más del ciclo agrícola, preguntando con resignación: "¿Ya te habló Limones?", en referencia al apodo de uno de los líderes de este grupo de presión.

Esta normalización del delito es quizás el síntoma más preocupante, la muestra más palpable de la derrota cultural ante la delincuencia. La desesperanza se instala cuando el productor asume la extorsión como inevitable, cuando la falta de justicia y la desconfianza en las instituciones lo llevan a aceptar la injusticia como parte del paisaje. La crítica más severa no se dirige a los criminales, sino a la inacción del gobierno, a la ausencia de una respuesta contundente que proteja al sector productivo y garantice el Estado de Derecho. Se reclama la apertura de carpetas de investigación, la ejecución de órdenes de aprehensión, procesos judiciales transparentes y medidas de protección reales para quienes se atreven a denunciar.

A pesar de la adversidad, la sociedad civil no se rinde. Organizaciones como el CCI proponen encuentros directos entre víctimas, autoridades e instancias responsables, buscando tender puentes y construir soluciones conjuntas. Insisten en la importancia de mantener la presión pública, de no bajar la voz, convencidos de que la persistencia es la única vía para lograr que la autoridad asuma su responsabilidad. La lucha por la tierra lagunera continúa, una lucha no solo por la supervivencia del sector agropecuario, sino por la dignidad de una región que se niega a ser silenciada por el miedo y la impunidad.