Las sombras de la sospecha se ciernen sobre la Cuarta Transformación. Lo que comenzó como un rumor, un cuchicheo en los pasillos del poder, ha tomado fuerza, materializándose en una trama de presunta corrupción que amenaza con sacudir los cimientos del oficialismo. No se trata de simples habladurías, sino de acusaciones respaldadas, al parecer, por pruebas contundentes. Y la fuente de estas revelaciones proviene de un lugar inesperado: las cárceles estadounidenses.

Criminales mexicanos, tras las rejas en Estados Unidos, y otros que buscan acuerdos con la justicia norteamericana, han empezado a cantar. Sus testimonios, sumados a otras evidencias, dibujan un panorama inquietante: funcionarios de la 4T, desde gobernadores hasta diputados, presuntamente involucrados en una red de complicidades con el crimen organizado. Se habla de protección a cárteles, de permisividad en el tráfico de drogas, de tolerancia al huachicol.

La reciente retirada de la visa a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y a su esposo, es solo la punta del iceberg. Si bien Ávila asegura que la situación se aclarará, el hecho en sí mismo alimenta las especulaciones. La madrugada en que publicó su mensaje en redes sociales, el tono y la hora inusual de la comunicación, transmiten una sensación de urgencia, de querer controlar el daño ante una situación que la rebasa. El contexto "binacional complejo" al que alude, deja entrever la magnitud del problema.

Más allá del caso de Ávila, los tentáculos de la investigación se extienden a otros nombres de peso dentro de la 4T. Los gobernadores de Sinaloa y Tamaulipas, Rubén Rocha y Américo Villarreal, respectivamente, también estarían bajo la lupa de la justicia estadounidense. La lista, sin embargo, es mucho más larga. Diputados federales y locales, presidentes municipales, funcionarios de diversos estados… la red de presuntos implicados se extiende como una telaraña, abarcando gran parte del territorio nacional.

¿Cómo explicar la magnitud de esta presunta red de corrupción? ¿Cómo pudieron estos funcionarios alcanzar posiciones de poder con tales antecedentes? Las preguntas son incómodas, y las respuestas podrían desatar un terremoto político. El sexenio pasado, la sombra del contubernio con el crimen organizado se proyectaba sobre el país, ¿pero hasta qué punto se infiltró en las estructuras de la 4T?

En Estados Unidos, los juicios están a punto de comenzar. Nombres saldrán a la luz, evidencias se presentarán. El gobierno de la presidenta Sheinbaum está al tanto de la situación, ha recibido información de su contraparte estadounidense. La pregunta crucial es: ¿qué hará la 4T cuando la justicia toque a sus puertas? ¿Estará dispuesta a llegar hasta el fondo del asunto, sin importar las consecuencias? ¿O optará por proteger a los suyos, permitiendo que la impunidad se perpetúe?

El futuro político del país pende de un hilo. La credibilidad de la 4T está en juego. La ciudadanía espera respuestas, exige transparencia. El tiempo corre, y la verdad, tarde o temprano, saldrá a la luz. La trama de corrupción que se teje en las sombras amenaza con desgarrar el tejido social. ¿Será capaz la justicia de desentrañar este complejo entramado de poder y complicidades? El mundo observa, México espera.