La llegada de mayo trae consigo la esperada repartición de utilidades, un derecho constitucional que reconoce el invaluable aporte de los trabajadores al engranaje productivo del país. Este beneficio, consagrado en el Artículo 123 de nuestra Carta Magna y minuciosamente detallado en la Ley Federal del Trabajo, no es un simple regalo, sino un reconocimiento tangible a la dedicación y el esfuerzo que cada empleado vierte día a día en su labor, contribuyendo al éxito y crecimiento de las empresas. Imaginen la maquinaria de una gran fábrica: cada engrane, por pequeño que parezca, es esencial para su correcto funcionamiento. Así mismo, cada trabajador, desde el personal de limpieza hasta la alta dirección, forma parte indispensable del mecanismo que impulsa la economía y el desarrollo de México.

El reparto de utilidades no es un acto de caridad, sino un acto de justicia. Es la materialización del principio de que el éxito empresarial es un logro compartido, un fruto cosechado gracias a la sinergia entre capital y trabajo. Este principio se traduce en la distribución de un porcentaje de las ganancias netas de la empresa entre quienes, con su sudor y talento, la hicieron posible. Es una retribución justa que reconoce el valor intrínseco de cada individuo dentro de la organización.

Es importante destacar que este derecho no discrimina entre tipos de contrato. No importa si la relación laboral fue temporal o permanente, si se trabajó de manera continua o discontinua. Si un trabajador contribuyó con su esfuerzo durante al menos 60 días del año fiscal, tiene derecho a recibir su parte proporcional de las utilidades. Incluso aquellos que, por circunstancias de salud o personales, se vieron en la necesidad de tomar licencias de maternidad o paternidad, o que enfrentaron una incapacidad temporal, conservan este derecho inalienable.

Y la protección no termina con la culminación de la relación laboral. Aquellos extrabajadores que cumplieron con el requisito mínimo de días laborados durante el periodo correspondiente, también tienen derecho a recibir esta prestación. La ley los ampara por un año a partir de su salida de la empresa, siempre y cuando ésta haya generado utilidades. Es un reconocimiento a su contribución pasada y una muestra de que su esfuerzo no ha sido olvidado.

Sin embargo, es crucial comprender que existen excepciones a esta regla. No todas las empresas están obligadas a repartir utilidades. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha establecido una serie de criterios que eximen a ciertas organizaciones de esta obligación. Es fundamental conocer estas excepciones para evitar confusiones y malentendidos. Informarse es el primer paso para ejercer nuestros derechos de manera plena y responsable.

El cálculo de la cantidad que le corresponde a cada trabajador se realiza en dos etapas, considerando tanto los días laborados como los ingresos percibidos. Esta fórmula busca una distribución equitativa que refleje la contribución individual de cada empleado. La transparencia en este proceso es fundamental para garantizar la justicia y la confianza entre las partes.

Finalmente, es importante recordar que la ley establece plazos específicos para el pago de esta prestación. Las empresas deben cumplir con estos plazos para evitar sanciones por parte de las autoridades correspondientes. El respeto a la legalidad es un pilar fundamental para la construcción de un ambiente laboral justo y equitativo. La repartición de utilidades no es solo un derecho, es un reflejo del compromiso social y la responsabilidad empresarial en la construcción de un México más próspero e inclusivo.