La reciente decisión del Pleno Regional del Poder Judicial Federal, respecto a la suspensión de las órdenes municipales de retirar el cableado aéreo, ha generado un intenso debate en el sector de las telecomunicaciones, radiodifusión y energía eléctrica. La controversia radica en la interpretación del "criterio de apariencia del buen derecho" y su aplicación en el contexto de las disposiciones municipales que buscan modernizar la infraestructura urbana.

Si bien el fallo judicial busca proteger a las empresas de cargas financieras desproporcionadas derivadas de la obligación de soterrar el cableado, también plantea interrogantes sobre la potestad de los municipios para regular el uso del espacio público y garantizar la seguridad y el bienestar de sus habitantes. El argumento central del Pleno Regional se centra en la erogación significativa que implica el cambio de infraestructura para las empresas, un gasto que no estaba previsto en sus planes de negocio. Esta situación, según el criterio judicial, les otorga la "apariencia del buen derecho" y, por lo tanto, la posibilidad de obtener una suspensión de las órdenes municipales.

Sin embargo, la complejidad del asunto reside en la ponderación que debe realizar el juzgador entre la protección de los derechos de las empresas y el interés social, tal como lo establece el artículo 107 constitucional. A esta complejidad se suma la incongruencia, e incluso posible inconstitucionalidad, de la Ley de Amparo al exigir que no se afecten las disposiciones de orden público, una hipótesis normativa altamente imprecisa y sujeta a interpretaciones subjetivas.

Desde una perspectiva histórica, el cableado aéreo ha sido un elemento fundamental en el desarrollo de las telecomunicaciones, desde el telégrafo hasta las modernas redes de fibra óptica. Su expansión, impulsada por la necesidad de conectar comunidades y facilitar la comunicación, ha dejado una huella imborrable en el paisaje urbano. Sin embargo, la proliferación de cables aéreos ha generado problemas estéticos y de seguridad, impactando negativamente en el valor de las propiedades y representando un riesgo en caso de desastres naturales.

Esta problemática ha impulsado una tendencia global hacia el soterramiento del cableado, una solución que ofrece beneficios tanto estéticos como de seguridad. En México, los municipios han respondido a esta tendencia con la creación de normas que buscan una transición gradual hacia el cableado subterráneo. No obstante, la implementación de estas normas plantea un desafío financiero para las empresas, especialmente en un contexto donde los servicios de energía eléctrica, telefonía y telecomunicaciones son, en muchos casos, monopolios estatales con precios regulados.

La transferencia de los costos del soterramiento al consumidor final no es una tarea sencilla y requiere la aprobación de los entes reguladores. Además, es crucial que las disposiciones municipales consideren la viabilidad financiera de las empresas y establezcan plazos realistas para la transición. Una regulación excesivamente rígida, que ignore las implicaciones económicas del cambio de infraestructura, podría poner en riesgo la prestación de servicios esenciales.

La clave para resolver este dilema radica en la búsqueda de un equilibrio entre la modernización de la infraestructura urbana y la viabilidad financiera de las empresas. Los municipios deben elaborar normativas que contemplen mecanismos de temporalidad que permitan a las empresas absorber los costos del soterramiento sin comprometer su operación. De esta manera, se podrá avanzar hacia un modelo de ciudad más moderno y seguro, sin afectar la prestación de servicios esenciales para la población. El diálogo y la colaboración entre las autoridades municipales, las empresas y los organismos reguladores son fundamentales para alcanzar una solución que beneficie a todos los actores involucrados.

El fallo del Pleno Regional, si bien protege los intereses de las empresas, también plantea la necesidad de revisar las normas municipales para garantizar su adecuación a la realidad económica del sector. La modernización de la infraestructura es un objetivo loable, pero debe implementarse de manera responsable y considerando las implicaciones financieras para las empresas y los consumidores.