La presencia constante de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en la Casa Blanca durante la presidencia de Donald Trump, despierta interrogantes sobre el futuro de la Copa Mundial 2026. Cinco visitas en poco más de cien días, centradas en la organización del evento, contrastan con la ausencia de encuentros similares con los líderes de Canadá y México, los otros dos países sede. Este hecho, unido a la omisión sistemática de ambos países en las comunicaciones oficiales, genera la inquietante sospecha de un intento por marginarlos y concentrar el protagonismo en Estados Unidos. Mientras el vicepresidente J.D. Vance y figuras clave del gabinete de Trump se vuelcan en proyectar la imagen de un Mundial estadounidense, la participación de Canadá y México se diluye en un segundo plano, alimentando la incertidumbre sobre el respeto a los acuerdos originales que asignan un 75% de los partidos a Estados Unidos y el 25% restante a sus vecinos del norte y del sur.

La situación se complica aún más por la falta de contrapesos dentro de la FIFA que puedan frenar las posibles intenciones de Trump e Infantino de modificar las condiciones establecidas. México, en particular, se encuentra en una posición vulnerable debido a sus problemas de inseguridad e inmigración, temas que podrían ser utilizados como pretexto para justificar una mayor concentración de partidos en Estados Unidos. A esto se suman las faltas cometidas por autoridades mexicanas, como el anuncio de una mascota por parte de la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, violando los protocolos de la FIFA y ofreciendo un nuevo flanco de ataque a quienes buscan minimizar la participación de México en el evento. Estos incidentes, sumados a la evidente sintonía entre Trump e Infantino, plantean un panorama preocupante para México y Canadá, que podrían ver reducida su participación en un evento de tal magnitud.

A escasos veinte días de las elecciones judiciales, la tensión política aumenta con la filtración de una lista de candidatos presuntamente favorecidos por Morena para integrar el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cinco mujeres y cuatro hombres, entre los que se encuentran ministras en funciones, ex colaboradores del presidente y figuras académicas, conforman la nómina que ha generado controversia y especulación. La selección de estos candidatos, y su eventual ratificación, tendrá un impacto significativo en el equilibrio de poderes y en el futuro del sistema judicial mexicano. Mientras tanto, la opacidad del proceso y las sospechas de injerencia política empañan la legitimidad de la elección y alimentan la desconfianza en la imparcialidad de la Suprema Corte.

En el ámbito económico, la puja por Banamex se intensifica con la entrada en escena de Fernando Chico Pardo, quien cuenta con una sólida posición financiera y el respaldo de figuras influyentes como Guillermo Ortiz Martínez, ex secretario de Hacienda. Esta alianza estratégica le otorga una ventaja significativa frente a otros competidores, como Germán Larrea, quien también busca hacerse con el control del banco. La experiencia y los contactos de Ortiz Martínez podrían ser determinantes para sortear las complejidades de la operación y asegurar el éxito de la oferta de Chico Pardo. La venta de Banamex, uno de los principales activos financieros del país, se convierte así en un escenario de alta competencia donde la estrategia y las conexiones políticas juegan un papel crucial.

El acuerdo entre el gobierno federal y la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe (FCCA) marca un hito en el sector turístico. La firma del convenio, que establece un impuesto progresivo por pasajero, busca generar beneficios económicos para México a través de la creación de empleos, la compra de insumos nacionales y la promoción del país como destino turístico. Sin embargo, la FCCA intentará negociar una reducción del impuesto, lo que abre la puerta a una intensa negociación entre las partes. El éxito del acuerdo dependerá de la capacidad del gobierno para equilibrar los intereses económicos con la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible de las comunidades costeras.

La visita discreta de Scott Rembrandt, alto funcionario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a la Convención Bancaria en Nuevo Nayarit, pone de manifiesto la preocupación del gobierno estadounidense por la infiltración del narcotráfico en el sistema financiero mexicano. La reunión privada con directivos de los principales bancos del país, lejos de los reflectores mediáticos, subraya la gravedad del problema y la necesidad de una cooperación más estrecha entre ambos países para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. La presencia de Rembrandt, junto con representantes de la Secretaría de Hacienda y del GAFI, confirma la importancia de este tema en la agenda bilateral y la presión ejercida por Estados Unidos para que México refuerce sus mecanismos de control y prevención.

Finalmente, la revocación de la visa a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, por parte del gobierno de Estados Unidos, añade un nuevo capítulo a la compleja relación entre ambos países. La medida, atribuida a las actividades de su esposo, Carlos Torres Torres, pone en evidencia la creciente preocupación por la corrupción y la impunidad en México. La situación de Ávila, cuyos hijos son ciudadanos estadounidenses, ilustra las consecuencias de la vinculación con actividades ilícitas y el impacto que estas pueden tener en las relaciones bilaterales.