La sombra de Teuchitlán se alarga, proyectando una inquietante imagen sobre el deteriorado panorama de la seguridad en México. Más allá de las versiones encontradas, de la danza de términos –crematorio clandestino, centro de reclutamiento–, se impone una realidad brutal: la existencia de espacios dedicados a la formación de criminales, auténticas escuelas del horror donde se adiestra en el arte de la violencia, se perfecciona la técnica de la muerte. Imaginen, mientras siguen con su día, la posibilidad de que en este preciso instante, alguien esté siendo forzado a convertirse en un instrumento de terror. Ese pensamiento, esa imagen, debería helarnos la sangre.

El caso del exalcalde, imputado por delincuencia organizada, abre un nuevo capítulo en esta historia. Cuarenta años de prisión es la pena que podría enfrentar, una acusación grave que lo coloca en el centro de la trama. La Fiscalía lo señala como colaborador, como pieza clave en el engranaje criminal que operaba en Teuchitlán. ¿Permitió? ¿Encubrió? ¿Facilitó? Las preguntas se acumulan, mientras el proceso judicial avanza. Pero recordemos, la vinculación a proceso no es sinónimo de culpabilidad, es apenas el inicio de una investigación que debe ser exhaustiva, rigurosa, alejada del ruido mediático y la presión social.

Sin embargo, la prisión preventiva ya es una realidad. El exalcalde, tras las rejas, enfrentará un proceso que se prevé largo y complejo. Dos años, como mínimo, pasará en prisión mientras se desarrolla el juicio. Y aquí, en este punto, surge la pregunta crucial, la que resuena con fuerza en la conciencia colectiva: ¿es él el verdadero responsable? ¿Estamos atrapando a los peces gordos o solo a los pequeños? Un lugar como el rancho de Teuchitlán no funciona con la complicidad de una sola persona. Requiere una estructura compleja, una red de actores que ejecutan, torturan, desaparecen. ¿Dónde están esos nombres? ¿Quiénes son los rostros detrás de la máscara? ¿Quién teje la red de protección que les permite operar con impunidad?

La historia del rancho, previamente asegurado y luego reutilizado por el crimen organizado, añade una capa más de opacidad a este caso. ¿De qué sirve un aseguramiento si no se garantiza su eficacia? ¿Quién falló? ¿Quién miró hacia otro lado? La repetición de este patrón, la incapacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos, genera una profunda desconfianza, una sensación de abandono que corroe los cimientos de la sociedad.

Y como si fuera un ritual macabro, ya se escuchan los ecos de los amparos. Recursos legales que, si bien son un derecho, en ocasiones se convierten en herramientas para dilatar los procesos, para entorpecer la justicia. La suspensión provisional, no lo olvidemos, no es una victoria, es una pausa, un compás de espera que, en casos como este, puede ser la antesala de la impunidad.

No seamos ingenuos. La esperanza de un proceso limpio, transparente, respetuoso de los derechos humanos, se desvanece ante el peso de la realidad. La historia nos ha enseñado que, en México, la justicia a menudo se extravía en un laberinto de errores, violaciones y vacíos legales. Y Teuchitlán, me temo, no será la excepción. Ojalá me equivoque. Ojalá, por una vez, la justicia prevalezca. Pero la experiencia, la cruda realidad, me invita al pesimismo.