La sombra de la sospecha se cierne aún más pesada sobre Damazo “N”, el entrenador acusado de abuso sexual y atentados al pudor contra al menos 16 menores en Nuevo León. Mientras las investigaciones avanzan inexorablemente, Alejandro Romano, asesor jurídico de tres de las víctimas, ha arrojado luz sobre el complejo entramado de este caso que ha conmocionado a la sociedad neoleonesa. En una entrevista exclusiva para "Las Noticias de la Mañana" de El Heraldo Televisión, Romano detalló el apoyo psicológico que el gobierno estatal está brindando a las afectadas, una medida crucial para ayudarlas a transitar por el difícil camino de la recuperación emocional. Este acompañamiento, puntual y constante, representa un rayo de esperanza en medio de la oscuridad que envuelve a las familias.

Romano explicó con precisión cómo la defensa de Damazo “N” ha desplegado una estrategia basada en la tergiversación de los hechos, intentando sembrar la duda y desviar la atención de las acusaciones. Primero, señalaron que los supuestos abusos ocurrieron accidentalmente durante las prácticas deportivas, una afirmación que las víctimas niegan rotundamente. Posteriormente, culparon a los padres de las menores por una supuesta negligencia en su cuidado, una táctica que buscaba deslegitimar las denuncias y revictimizar a las familias. Finalmente, aseguraron tener pruebas contundentes, incluyendo videos, que demostrarían la inocencia del acusado. Sin embargo, en la audiencia de vinculación a proceso, la defensa no presentó ninguna evidencia que respaldara sus afirmaciones, dejando al descubierto la fragilidad de sus argumentos.

La justicia, aunque a veces lenta, comienza a tomar forma. Damazo “N” ya ha sido vinculado a proceso por el delito equiparable a la violación, con una pena máxima de 15 años, y por atentados al pudor. La prisión preventiva oficiosa dictada por el juez no solo protege a las víctimas, sino que también resguarda a la comunidad, ya que el acusado, según sus propias declaraciones, continuaba impartiendo clases a menores hasta el momento de su detención.

La lucha por la justicia no ha terminado. Aún quedan 13 denuncias por abuso sexual y atentados al pudor que deben ser investigadas a fondo. Romano estima que la próxima semana se inicien las audiencias correspondientes a otras dos carpetas de investigación, un paso crucial para que las demás víctimas puedan acceder a la justicia y comenzar su proceso de sanación.

Más allá de las implicaciones legales, este caso ha puesto en evidencia la necesidad de reforzar los protocolos de seguridad en las instituciones deportivas. Si bien el Instituto del Deporte del Estado (INDE) cuenta con lineamientos establecidos, la forma en que Damazo “N” operaba le permitió evadirlos y cometer los presuntos abusos. La prohibición a los padres de presenciar los entrenamientos, entre otras prácticas irregulares, creó un ambiente propicio para la comisión de los delitos. La directora del INDE, en comunicación con Romano, ha expresado su interés en revisar y ajustar los protocolos para garantizar la seguridad de todos los atletas.

Este caso, sin duda, marca un antes y un después en la forma en que se aborda la protección de los menores en el ámbito deportivo. La valentía de las víctimas al alzar la voz ha sacudido conciencias y ha puesto de manifiesto la importancia de crear entornos seguros y libres de violencia para todos los niños y jóvenes. El camino hacia la justicia es largo y complejo, pero la determinación de las víctimas, el apoyo de sus familias y el compromiso de las autoridades son fundamentales para que la verdad prevalezca y los responsables sean castigados.