La paradoja de la presidencia de Trump se manifiesta en su doble discurso: beligerante en el ámbito comercial, abogando por la anexión de territorios e incluso amenazando con la intervención en el Canal de Panamá, pero a la vez, promotor incansable del cese al fuego en los conflictos armados globales. Esta aparente contradicción, lejos de ser un simple error de comunicación, ha logrado poner el tema del alto al fuego en el centro del debate internacional, obligando a las partes en conflicto a, al menos, considerar la posibilidad de detener las hostilidades.

El caso de Ucrania es paradigmático. La propuesta de Trump de un alto al fuego de 30 días, aunque inicialmente recibida con escepticismo, fue posteriormente retomada por líderes europeos, demostrando la capacidad del ex presidente estadounidense para influir en la agenda internacional. Si bien Rusia, en su cuarto año de guerra contra Ucrania, condiciona el cese de hostilidades a una serie de exigencias, el hecho de que el tema esté sobre la mesa es un avance, por mínimo que parezca.

En Oriente Medio, la situación es más compleja. La guerra entre Israel y Hamás en Gaza continúa a pesar del alto al fuego vigente y las presiones internacionales sobre el primer ministro israelí. La fragilidad de estos acuerdos y la dificultad para su implementación se hacen evidentes en este escenario, donde la violencia persiste a pesar de los esfuerzos diplomáticos.

Un caso de éxito relativo lo encontramos en el conflicto entre India y Pakistán, que respondieron positivamente a los llamados internacionales para un alto al fuego tras un peligroso intercambio de misiles. Este ejemplo, aunque aislado, demuestra que la presión internacional y la búsqueda del diálogo pueden dar frutos, incluso en contextos de alta tensión.

Los resultados de la iniciativa de Trump son, hasta ahora, moderados. En un mundo donde las agresiones a menudo quedan impunes, lograr un acuerdo para detener las hostilidades, ya sea de forma temporal o permanente, es una tarea titánica. Más aún lo es la transición de un alto al fuego a una paz duradera, ya que la suspensión de las hostilidades no implica necesariamente el fin del conflicto ni el inicio de un proceso de reconciliación. En muchos casos, el alto al fuego simplemente sirve para que las partes se reorganicen, se rearmen y se preparen para una nueva escalada de violencia.

En este contexto global, la postura de México, marcada por una moderada actividad internacional y un aparente repliegue hacia sus asuntos internos, resulta preocupante. La Secretaría de Relaciones Exteriores, antaño un actor clave en la diplomacia mexicana, parece haber perdido peso y relevancia, convirtiéndose en una especie de anexo consular y cediendo terreno en temas cruciales, como la relación con Estados Unidos, a otras secretarías como la de Economía y Medio Ambiente. Esta aparente falta de liderazgo en la Cancillería es un síntoma de la necesidad de una política exterior más proactiva y comprometida con los desafíos globales. El rumoreado cambio de embajadores podría ser una oportunidad para revitalizar la política exterior mexicana y recuperar su protagonismo en el escenario internacional. La pregunta es si se aprovechará esta oportunidad o si se continuará con la actual tendencia de introspección. El mundo necesita la voz y la participación activa de México, y es responsabilidad del gobierno asegurarse de que esa voz se escuche con fuerza y claridad.