La tragedia ocurrida en Bucaramanga ha conmocionado al país y ha generado una ola de indignación y dolor. Las imágenes, impactantes y difíciles de procesar, muestran la crudeza de un accidente que segó la vida de Diego Fernán Gutiérrez Valderrama, un joven de 28 años que trabajaba como mototaxista. La aparente normalidad de una mañana cualquiera se transformó en segundos en una escena de horror, dejando a testigos y a la comunidad entera en estado de shock.

El video, que circula profusamente en redes sociales, revela la secuencia fatal: un tráiler, transitando por una vía aparentemente residencial, engancha y desprende un cable de la infraestructura eléctrica. Este cable, convertido en una trampa mortal, alcanza a Diego Fernán, quien circulaba en su motocicleta, enredándose en su cuello. La velocidad y la tensión del cable provocaron la decapitación instantánea del joven. La descripción de lo sucedido resulta escalofriante, y la viralización de las imágenes ha intensificado el debate público sobre las responsabilidades en este trágico accidente.

Más allá del impacto emocional que generan las imágenes, es crucial analizar las causas que llevaron a este fatal desenlace. La pregunta que resuena con fuerza es ¿quién es responsable de esta muerte? Si bien el conductor del tráiler parece ser el causante directo del desprendimiento del cable, la discusión se amplía a la responsabilidad de las autoridades locales en el mantenimiento y la seguridad de la infraestructura eléctrica. ¿Se cumplían las normas de altura y seguridad para la instalación de estos cables? ¿Existía un control adecuado sobre la circulación de vehículos pesados en la zona, considerando el potencial riesgo que representan para este tipo de infraestructura?

La ausencia de medidas preventivas, la falta de fiscalización y la posible negligencia en el mantenimiento de la red eléctrica son factores que deben ser investigados a fondo. La tragedia de Diego Fernán no puede quedar impune. Se exige justicia y se demanda una respuesta clara por parte de las autoridades competentes. ¿Qué medidas se tomarán para evitar que un hecho similar vuelva a ocurrir? ¿Se revisará la normativa vigente sobre la instalación y el mantenimiento de la infraestructura eléctrica? ¿Se implementarán restricciones al tránsito de vehículos pesados en zonas residenciales?

Este caso pone en evidencia la vulnerabilidad de los ciudadanos ante la falta de planificación urbana y la deficiencia en la prestación de servicios públicos. La vida de Diego Fernán se perdió de forma abrupta e injusta, dejando un vacío irreparable en su familia y un llamado a la reflexión para toda la sociedad. La seguridad vial y el correcto funcionamiento de los servicios públicos son derechos fundamentales que deben ser garantizados. La tragedia de Bucaramanga debe servir como un punto de inflexión para impulsar cambios reales y efectivos que protejan la vida de los ciudadanos. La memoria de Diego Fernán exige justicia y la implementación de medidas que impidan que esta historia se repita. No podemos permitir que la indiferencia y la falta de acción se cobren más vidas.