La sombra de la incertidumbre se cierne sobre la industria de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México. La Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, presentada en abril, ha generado un torrente de críticas, no solo por su contenido, sino también, y quizás más preocupante, por su deficiente redacción y la aparente desconexión con la realidad del sector. Se percibe una falta de comprensión profunda de la materia, que se traduce en artículos ambiguos y disposiciones prácticamente inaplicables.

El polémico "cadenazo" (Artículo 227), que obliga a las estaciones de radio y televisión a encadenarse para transmitir información de "trascendencia nacional" a juicio de la Secretaría de Gobernación, es un ejemplo paradigmático de esta problemática. ¿Quién define qué es de trascendencia nacional? ¿Un burócrata? La vaguedad del término abre la puerta a la arbitrariedad y a la manipulación informativa, poniendo en riesgo la pluralidad de voces y la libertad de expresión. Confundir la burocracia con la Nación es un error grave que revela la desconexión de los legisladores con la realidad social y política del país.

Otro punto que suscita inquietud es el artículo 228, que establece el derecho de las audiencias a recibir contenidos que reflejen la pluralidad lingüística de la Nación. Si bien la intención es loable, la implementación práctica resulta un desafío monumental. ¿Cómo se pretende reflejar la diversidad de casi 60 lenguas originarias en un país donde la gran mayoría habla español? ¿Se asignarán franjas horarias específicas para cada lengua? La falta de un plan concreto para llevar a cabo esta disposición la convierte en una promesa vacía, una declaración de buenas intenciones sin sustento real. Mientras que el Inegi reporta un porcentaje mínimo de la población que no habla español, la ley parece ignorar la complejidad logística y presupuestaria que implica la producción y difusión de contenidos en tantas lenguas.

La reciente apertura de "conversatorios" en el Senado se percibe con escepticismo. La palabra misma, "conversatorio", con su aura de elitismo y academicismo, parece ajena a la urgencia y la gravedad de la situación. Además, la conducción ideológica predefinida de estos encuentros anticipa un diálogo de sordos, un mero trámite para legitimar una ley ya cocinada. Se asemeja más a un "conversagtongo", una puesta en escena donde el resultado ya está predeterminado, como una pelea del Canelo.

La participación de Javier Corral en la comisión encargada de la ley añade otra capa de preocupación. Su trayectoria y postura política generan desconfianza y hacen temer que el proceso se convierta en una farsa. La retórica de la "empatía" y las "inquietudes genuinas" suena hueca a la luz de la forma en que se ha manejado la iniciativa, ignorando las voces de los actores involucrados desde el principio.

No se trata de "enriquecer" una ley mal concebida, sino de replantearla desde cero. Es necesario un diálogo auténtico con los expertos, con la industria, con las audiencias, para construir una ley que responda a las necesidades reales del sector y garantice la libertad de expresión y el acceso a la información. Retirar el texto contra las plataformas es un paso, pero insuficiente. El problema es de raíz, y requiere una solución integral. Borrar y empezar de nuevo parece la única opción viable para construir una ley que no sea una amenaza, sino un motor para el desarrollo de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México. La presidenta tiene la oportunidad de rectificar y demostrar su compromiso con la democracia y la libertad de expresión. El futuro del sector está en sus manos.