La disminución de la tasa de fecundidad en México, un fenómeno que se viene observando desde la década de los 60, plantea interrogantes cruciales sobre el futuro demográfico y económico del país. Si bien las políticas públicas implementadas en el pasado, enfocadas en la planificación familiar y el acceso a métodos anticonceptivos, lograron reducir drásticamente el crecimiento poblacional, hoy nos enfrentamos a un nuevo escenario: una tasa de fecundidad por debajo del reemplazo generacional. Esto significa que, a largo plazo, la población mexicana podría decrecer, con consecuencias significativas para la economía y la sociedad en general.

La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica de 2024 revela una realidad ineludible: la tasa de fecundidad se sitúa en 1.6 hijos por mujer, muy por debajo del 2.1 necesario para mantener la población. Este dato, sin embargo, no es homogéneo en todo el territorio nacional. Mientras que en algunas regiones, particularmente en el sur del país, la tasa de fecundidad se mantiene por encima de la media nacional, en otras zonas, especialmente urbanas y con mayor nivel educativo, la tendencia a la baja es aún más pronunciada. Esta disparidad regional añade complejidad al análisis y exige soluciones adaptadas a las particularidades de cada contexto.

Uno de los factores que influyen en esta disminución es el creciente acceso de las mujeres a la educación y al mercado laboral. A medida que las mujeres adquieren mayor formación y participan activamente en la economía, la decisión de tener hijos se pospone o, en algunos casos, se descarta por completo. Este fenómeno, conocido como el "bono de género", representa una oportunidad para el desarrollo económico del país, pero también plantea el desafío de conciliar la vida laboral y familiar.

La carga de los cuidados, tradicionalmente asignada a las mujeres, sigue siendo un obstáculo importante para su plena incorporación al mercado laboral. La falta de servicios de cuidado infantil asequibles y de calidad, así como la persistencia de roles de género tradicionales, dificultan la conciliación y limitan las opciones de las mujeres. Es fundamental, por tanto, impulsar políticas públicas que promuevan una distribución más equitativa de las tareas de cuidado dentro del hogar y que faciliten el acceso a servicios de apoyo, como guarderías y programas de asistencia domiciliaria.

La cuestión del embarazo adolescente también merece una atención especial. México presenta tasas elevadas de embarazo en adolescentes, lo que tiene un impacto negativo en la salud, la educación y las oportunidades futuras de las jóvenes. Es crucial implementar programas de educación sexual integral y garantizar el acceso a servicios de salud reproductiva para prevenir los embarazos no deseados y empoderar a las jóvenes para que tomen decisiones informadas sobre su futuro.

Ante la disminución de la tasa de fecundidad, algunos países han implementado políticas para incentivar la maternidad, como transferencias económicas por nacimiento o subsidios para el cuidado infantil. Si bien estas medidas pueden ser útiles, es importante que no se conviertan en una forma de presión social hacia las mujeres que deciden no tener hijos. La decisión de tener o no descendencia es un derecho fundamental que debe ser respetado.

En definitiva, el desafío demográfico que enfrenta México requiere un enfoque integral que aborde las múltiples dimensiones del problema. Es necesario promover la igualdad de género, facilitar la conciliación entre la vida laboral y familiar, garantizar el acceso a la educación y la salud reproductiva, y crear un entorno social que respete las decisiones individuales de las mujeres. Solo así podremos construir un futuro próspero y sostenible para todos.