La movilidad, un derecho fundamental en el siglo XXI, se encuentra en una encrucijada. Ya no se trata de una simple cuestión de trasladarse de un punto a otro, sino de un entramado complejo que involucra la economía, la equidad social y la sostenibilidad. El 16º Congreso Internacional de Transporte ha puesto el dedo en la llaga: el financiamiento del transporte público es la piedra angular sobre la que se construye un futuro urbano viable. No se trata de un lujo, sino de una necesidad imperante. Postergar las decisiones financieras en este ámbito es condenar a las ciudades a un colapso inminente.

El clamor de los expertos es unánime: el subsidio al transporte público no puede ser un parche temporal, una medida coyuntural sujeta a los vaivenes políticos. Debe ser una política de Estado, una inversión estratégica que garantice la operatividad del sistema y, por ende, el derecho a la movilidad de todos los ciudadanos. Jesús Padilla, presidente honorario de la AMTM, lo plantea con crudeza: "Subsidio sí o sí, o muerte a la empresa". Sus palabras, lejos de ser alarmistas, reflejan la realidad de un sector asfixiado por la falta de recursos. La viabilidad de las empresas de transporte no es un capricho empresarial, sino la condición sine qua non para que los ciudadanos puedan acceder a un servicio esencial. La discusión política recurrente debe dar paso a una definición presupuestal permanente, un compromiso a largo plazo que involucre a la Presidencia y al Congreso de la Unión.

La brecha entre la tarifa social y el costo real del servicio es un abismo que debe ser saldado por los gobiernos. Diego Monraz, secretario de Transporte de Jalisco, lo compara con otros derechos fundamentales como la salud, la educación o el acceso al agua. El Estado tiene la obligación de garantizar estos servicios básicos, y el transporte público no puede ser la excepción. Recursos, reglas claras y transparencia son los pilares sobre los que se debe construir un sistema de transporte público eficiente y equitativo. No se trata de un gasto, sino de una inversión en el bienestar social.

La diversidad de realidades en cada ciudad no puede ser excusa para la inacción. Si bien es cierto que cada urbe enfrenta desafíos específicos, la sostenibilidad financiera del transporte es un denominador común que exige soluciones innovadoras. Depender únicamente del pasaje es un modelo obsoleto, incapaz de responder a las demandas de una población en constante crecimiento. Ricardo Serrano, presidente de la AMAM, destaca la importancia del diálogo y la colaboración entre el gobierno y el sector privado. Solo a través del consenso y la búsqueda de soluciones conjuntas se podrá avanzar hacia un sistema de transporte público que beneficie a todos.

La nueva Ley General de Movilidad representa un paso importante, pero su implementación requiere de instituciones sólidas y una voluntad política inquebrantable. Daniel Sibaja, secretario de Movilidad del Estado de México, subraya la necesidad de poner a la ciudadanía en el centro de cada decisión. La transformación del transporte público no es una tarea sencilla, implica riesgos y requiere tiempo, pero es un camino que debemos recorrer para construir ciudades más justas y sostenibles.

La perspectiva de género debe ser un eje transversal en todas las políticas de movilidad. Araceli Martínez, secretaria de Movilidad de San Luis Potosí, insta a incorporar esta visión en los programas de gratuidad y acceso universal, garantizando la seguridad y la comodidad de las mujeres en el transporte público.

Finalmente, el vínculo entre movilidad, electromovilidad y desarrollo industrial abre un abanico de oportunidades para el país. El relanzamiento de la marca "Hecho en México" en el contexto de las nuevas rutas productivas, como lo plantea Rodolfo Osorio de Carrerá, de la Secretaría de Economía, puede impulsar la innovación y la creación de empleos en el sector.

El mensaje del 16º Congreso Internacional de Transporte es claro y contundente: sin financiamiento público, el transporte público está condenado al fracaso. La movilidad no es un privilegio, es un derecho, y su garantía depende de la voluntad política y la inversión estratégica de los gobiernos. El futuro de las ciudades mexicanas se juega en el presente, y la apuesta por un transporte público eficiente, inclusivo y sostenible es una apuesta por el futuro de todos.