Dentro de los muros del imponente Vidanta, escenario elegido por la élite bancaria para su 88 Convención, se respiraba un aire peculiar. Una mezcla palpable de desorientación geográfica, propia de los laberínticos pasillos del complejo, y un optimismo casi tangible respecto al futuro del sector financiero. No era un optimismo ingenuo, sino uno cimentado en datos contundentes: una morosidad excepcionalmente baja del 2%, un coeficiente de cobertura de liquidez que ha experimentado un crecimiento espectacular en la última década, un aumento significativo en la inclusión financiera y una digitalización galopante que permite la ejecución de cientos de operaciones por segundo.

Sin embargo, no todos compartían la misma euforia. El acuerdo firmado entre el gobierno de Claudia Sheinbaum y la ABM, con el objetivo de impulsar el financiamiento a las Mipymes, generaba opiniones encontradas. Si bien la intención de reducir costos y simplificar trámites para la obtención de créditos era aplaudida, la viabilidad práctica del acuerdo suscitaba dudas. Algunos expresaban su escepticismo, recordando acuerdos previos que se habían quedado en meras declaraciones de buenas intenciones. Otros, más pragmáticos, señalaban la necesidad de acciones concretas por parte del gobierno, más allá de la retórica. La reducción de la tasa de interés y la mitigación de los riesgos asociados a las pymes eran claves, y en este último punto, la participación del gobierno en la provisión de garantías sólidas se volvía crucial.

Los banqueros, conscientes de su papel como motor del crecimiento económico, no buscan la caridad, sino la creación de un entorno propicio para el desarrollo. Insisten en la necesidad de una disminución real de los requisitos para la obtención de créditos, un apoyo efectivo a través de la banca de desarrollo y una reducción de la informalidad. Solo así, el optimismo que se respira en la convención podrá traducirse en beneficios tangibles para las Mipymes, el verdadero motor de la economía.

En otro orden de ideas, la industria farmacéutica también proyecta un futuro prometedor. Con una meta global ambiciosa, la compañía liderada por Julio Ordaz en México aspira a alcanzar una facturación de 80 mil millones de dólares para 2030. Su posición de liderazgo en el mercado de medicamentos éticos y la favorable tasa de adopción de nuevas moléculas en el país, en comparación con otros de la región, refuerzan esta visión optimista. Además, se espera una normalización del abastecimiento de medicamentos al sector público en un plazo aproximado de seis meses. Este panorama positivo en el sector farmacéutico complementa el optimismo reinante en el ámbito financiero, dibujando un futuro prometedor para la economía mexicana. La clave, sin embargo, reside en la concreción de las promesas y la transformación de las buenas intenciones en acciones tangibles.