La madrugada del viernes, la sombra de la incertidumbre volvió a cernirse sobre el sistema de justicia mexicano. Leslie “N”, alias “La Güera”, presunta operadora financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), respiró de nuevo el aire de la libertad tras una decisión judicial que ha generado controversia y reavivado el debate sobre la eficacia de los procesos penales en el país. Su detención, ocurrida el 1 de mayo en el municipio de Huandacareo, Michoacán, se presentó como un triunfo en la lucha contra el crimen organizado. Un operativo meticulosamente planeado, fruto de meses de labor de inteligencia, culminó con la captura de “La Güera” sin que se disparara una sola bala. Simultáneamente, se llevaron a cabo cateos en diversos inmuebles, donde se incautaron cantidades significativas de drogas, presuntamente vinculadas a las operaciones del CJNG. Parecía el inicio del fin para una figura clave en la estructura financiera de uno de los cárteles más poderosos del país.

Sin embargo, la esperanza de justicia se desvaneció rápidamente. Tras una maratónica audiencia que se extendió por diez largas horas, el juez federal a cargo del caso dictó auto de no vinculación a proceso. La decisión, que sorprendió a muchos, se basó en la revisión de videos de cámaras de seguridad pública de Huandacareo y en las entrevistas realizadas a las personas que participaron en el cateo. Según la interpretación del juez, las pruebas presentadas por la fiscalía no fueron suficientes para demostrar la participación de “La Güera” en las actividades ilícitas que se le imputaban. La defensa argumentó con éxito que la presencia de Leslie “N” en el lugar de los hechos no implicaba necesariamente su vinculación con el CJNG, sembrando la duda sobre la solidez de la investigación y la interpretación de las evidencias.

La liberación de “La Güera” no es un caso aislado. Este episodio resuena con la liberación en marzo pasado de Jesús “N”, alias “La Hamburguesa”, lugarteniente del CJNG en Zacapu. En aquel entonces, la puesta en libertad de un individuo detenido en un enfrentamiento donde se aseguraron armas de alto poder, generó una ola de indignación y cuestionamientos sobre la capacidad del sistema judicial para hacer frente al crimen organizado. Ambos casos alimentan la percepción de que existen fallas estructurales en los procesos penales, que permiten a figuras clave del narcotráfico evadir la justicia. Se abre la interrogante sobre si la falta de solidez en las investigaciones, lagunas legales o incluso posibles actos de corrupción, están detrás de estas decisiones judiciales que dejan un sabor amargo en la lucha contra la delincuencia.

La sociedad mexicana exige respuestas. La liberación de “La Güera” no solo pone en tela de juicio la eficacia de las instituciones, sino que también siembra la desconfianza en la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos. Es urgente una revisión exhaustiva de los protocolos de investigación y de los criterios de evaluación de las pruebas, para garantizar que los responsables de crímenes sean llevados ante la justicia y que la impunidad no se convierta en la norma. El futuro de la seguridad en México depende de la fortaleza y la transparencia de su sistema de justicia. La liberación de "La Güera" es un llamado a la reflexión y a la acción para fortalecer el Estado de Derecho y garantizar la paz y la tranquilidad de todos los mexicanos.