La sombra de 1994 se extendía larga y ominosa sobre México. El EZLN, como un espectro surgido de la selva, había desgarrado el velo de la modernidad salinista, revelando un Chiapas profundo y olvidado, un Chiapas centroamericano en el corazón mismo del país. La transición del poder, orquestada con precisión milimétrica, se había descarrilado en el caos y la tragedia. Primero Chiapas, luego Lomas Taurinas. Dos golpes certeros que dejaron al descubierto la fragilidad del sistema. Y en medio de la tormenta, emergió la figura de Ernesto Zedillo, "producto de dos tragedias", como lo sentenció con implacable precisión Fernández de Cevallos. Millones de votos, la maquinaria priista engrasada y el dinero fluyendo a raudales lo llevaron a la presidencia. Una presidencia que, a la luz de los acontecimientos posteriores, se antoja teñida de una ironía cruel.

Zedillo, en Mérida, con la arrogancia del poder recién adquirido, proclamó el fin de las concertacesiones. Una declaración vacía, una promesa incumplida que resonaría con un eco amargo en los años venideros. Las renuncias forzadas de Madrazo y Robledo, lejos de ser actos de justicia o estrategia política, se revelaron como torpes maniobras que solo avivaron las llamas del conflicto. En Chiapas, la imposición de un gobernador desconocido, ajeno a la realidad de la tierra que debía gobernar, fue la chispa que encendió la pradera. Un desconocimiento que, como veremos, tendría consecuencias devastadoras.

Para 1997, el diálogo se había estancado. Los acuerdos de San Andrés, una promesa de autonomía y autodeterminación para los pueblos originarios, se convertían en papel mojado. El conflicto se extendía como una mancha de aceite, involucrando a diferentes etnias, grupos armados y antiguos terratenientes. La guerra de baja intensidad, un eufemismo cruel para la violencia que asolaba Chiapas, dejaba un reguero de muertos. La amenaza de una guerra a gran escala, antes un fantasma lejano, se convertía en una posibilidad aterradora.

Recuerdo con claridad la preocupación del padre Raúl Vera, entonces Obispo de San Cristóbal. Me entregó un informe detallado sobre las operaciones de los grupos paramilitares, una lista de nombres y grupos que operaban en la impunidad. Le transmití la información a José Natividad González Parás, Subsecretario de Gobernación, con la urgencia que la situación demandaba. El silencio fue la única respuesta. Intenté contactar con el Secretario Chuayffet, pero el desinterés fue palpable. Las advertencias se acumulaban, pero el Estado mexicano, en su miopía, seguía con su política de contención, permitiendo que los grupos paramilitares actuaran a sus anchas.

En las páginas de La Jornada, los reportes de homicidios se convertían en una letanía macabra. Compartí mi preocupación con Jaime Avilés, la complejidad de un Chiapas profundo, desconocido para las élites del poder. Un Chiapas donde la violencia, tumultuaria e impredecible, se gestaba en las entrañas de la tierra. Años antes, en Tuxtla, había advertido a Ciro Gómez Leyva sobre el riesgo de una "centroamericanización" del conflicto, de la aparición de escuadrones de la muerte. Profecías que, lamentablemente, se cumplieron con una precisión escalofriante.

Y entonces llegó Acteal. El 22 de diciembre de 1997, la barbarie se desató. Los rostros indígenas de las mujeres y los niños, asesinados en una masacre que conmocionó al mundo, son la condena eterna de la ineptitud y la soberbia de Ernesto Zedillo. Un presidente que, aún hoy, se pavonea hablando de democracia, sin asumir la responsabilidad que le corresponde por la tragedia de Acteal. A diferencia de Díaz Ordaz, que al menos reconoció su culpa por Tlatelolco, Zedillo permanece impávido, ciego ante el veredicto de la historia. Un veredicto que, sin duda, lo condenará al oprobio.