La reciente visita de la candidata Ariadna Camacho al CUCEA de la Universidad de Guadalajara ha encendido un debate crucial sobre la rendición de cuentas dentro del Poder Judicial. Sus declaraciones, en las que afirma que la reforma judicial permitirá investigar a ministros de la Suprema Corte, incluyendo a la presidenta, por responsabilidades administrativas, abren una nueva era de escrutinio en la máxima instancia judicial del país. Imaginen la trascendencia de este cambio: la posibilidad de que las figuras de mayor autoridad en la justicia mexicana sean sujetas a investigaciones por su desempeño. Esto, sin duda, reconfigura el panorama judicial y fortalece la confianza ciudadana en la imparcialidad del sistema.

Camacho no se limitó a hablar de la Suprema Corte. Puso el dedo en la llaga al denunciar la alarmante cifra de liberaciones injustificadas de delincuentes, incluyendo a más de cien líderes de organizaciones criminales, tan solo en 2024. Estas liberaciones, a menudo orquestadas por jueces y magistrados, no solo socavan la seguridad nacional, sino que alimentan la percepción de impunidad que tanto daño hace a nuestra sociedad. La candidata fue enfática: el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial tendrá como prioridad investigar estos casos y sancionar a los responsables. Se trata de una promesa que, de cumplirse, podría marcar un antes y un después en la lucha contra la corrupción dentro del Poder Judicial.

La corrupción, como bien señaló Camacho, no se limita a las liberaciones injustificadas. Se manifiesta en resoluciones sin sustento, procesos irregulares y los tristemente célebres "sabadazos". Estas prácticas, que han manchado la reputación del sistema judicial durante años, finalmente podrían tener consecuencias reales. La candidata incluso mencionó decisiones cuestionables de la Suprema Corte, como la resolución de la Ministra Norma Piña en el caso del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Al traer a la luz estos ejemplos concretos, Camacho demuestra que su compromiso con la transparencia no es una simple promesa de campaña, sino una convicción profunda.

El Tribunal de Disciplina Judicial, cuya creación es inminente, se presenta como la herramienta clave para combatir estas prácticas corruptas. Su función de vigilar el correcto funcionamiento de los jueces y magistrados representa un avance significativo en la búsqueda de un sistema judicial más justo y eficiente. Con la capacidad de investigar y sancionar a quienes incumplan la ley, el Tribunal se convertirá en un garante de la integridad del Poder Judicial.

La gira de Ariadna Camacho por Jalisco no es solo una serie de eventos políticos, sino una oportunidad para generar un diálogo nacional sobre la importancia de un Poder Judicial independiente y transparente. Sus palabras resuenan con la necesidad de un cambio profundo en el sistema, un cambio que garantice la justicia para todos los mexicanos. La creación del Tribunal de Disciplina Judicial es un paso crucial en esa dirección, y la firmeza de Camacho al abordar estos temas nos da esperanza de que, finalmente, la rendición de cuentas llegará a todos los niveles del Poder Judicial. El futuro de la justicia en México depende de la voluntad de quienes, como Camacho, se atreven a desafiar el status quo y a luchar por un sistema más justo y equitativo.