La búsqueda de una vivienda digna y decorosa en México ha sido una constante histórica. Sin embargo, la realidad actual nos exige ir más allá. Ya no basta con un techo y cuatro paredes; necesitamos hablar de una vivienda adecuada, un concepto que engloba no solo la dignidad, sino también la calidad de vida, la seguridad y el acceso a servicios básicos. Este cambio, aparentemente sutil en la terminología, representa una transformación profunda en la manera en que concebimos el derecho a la vivienda, alineándolo con los estándares internacionales y reconociendo las necesidades reales de la población.

La propuesta de reforma a diversas leyes, incluyendo la Ley de Vivienda, la Ley General de Desarrollo Social y la Ley Agraria, entre otras, busca precisamente consolidar este avance. Se trata de armonizar nuestro marco legal con los tratados internacionales que México ha suscrito, garantizando así el derecho a una vivienda adecuada para todos los mexicanos. Esto implica no solo establecer parámetros claros y medibles para evaluar la calidad de la vivienda, sino también facilitar el seguimiento de las políticas públicas en la materia y asegurar su eficacia.

Imaginemos un futuro donde la vivienda no sea solo un espacio físico, sino un verdadero hogar. Un lugar seguro, con acceso a servicios básicos como agua potable, drenaje y electricidad, ubicado en un entorno propicio para el desarrollo familiar y comunitario. Una vivienda que, además, ofrezca certeza jurídica a sus habitantes, protegiéndolos de desalojos arbitrarios y brindándoles la tranquilidad de un patrimonio seguro. Este es el objetivo que perseguimos al impulsar la redefinición del derecho a la vivienda.

Las iniciativas que se están implementando en la Ciudad de México, con la recuperación de espacios inhabitables y la construcción de nuevos inmuebles con especificaciones adecuadas, son un ejemplo claro de cómo se puede traducir este concepto a la realidad. Sin embargo, la responsabilidad no recae únicamente en el gobierno. El sector privado también juega un papel fundamental en la construcción de una vivienda adecuada, y debe asumir el compromiso de apegarse a los criterios establecidos.

Es fundamental entender que la vivienda adecuada no es un lujo, sino un derecho humano fundamental. Un derecho que impacta directamente en la calidad de vida de las personas, en su salud, en su educación y en su desarrollo integral. Invertir en vivienda adecuada es invertir en el futuro de México, en la construcción de comunidades más justas, equitativas y pacíficas. Porque, al final del día, construir vivienda adecuada es construir paz.

Este es un llamado a la acción, a la reflexión y al compromiso conjunto. Un llamado a trabajar juntos, gobierno, sector privado y sociedad civil, para hacer realidad el sueño de una vivienda adecuada para todos los mexicanos. Un sueño que no solo transformará nuestras ciudades, sino también nuestras vidas.