La sombra del Fobaproa continúa extendiéndose sobre la economía mexicana, un fantasma del pasado que, según las recientes declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, seguirá acechándonos hasta el año 2050. Imaginen, casi tres décadas más cargando con el peso de un rescate bancario que, a la luz de las investigaciones, se ejecutó de manera, cuanto menos, cuestionable. La mandataria, en su habitual conferencia matutina desde Palacio Nacional, no escatimó en calificativos para describir el manejo de este fondo: "discrecional", "sin reglas de operación", y la palabra que retumba con más fuerza: "corrupción".

La Auditoría Superior de la Federación, ese ojo vigilante de las finanzas públicas, ha confirmado la ausencia de un marco regulatorio claro para la entrega de recursos a las instituciones bancarias. ¿A quién se le entregó el dinero? ¿Bajo qué criterios? ¿Cuánto se destinó a cada banco? Preguntas que aún hoy, después de tantos años, no tienen respuestas satisfactorias. Un velo de opacidad envuelve al Fobaproa, impidiendo una comprensión cabal de la magnitud del daño infligido a las arcas nacionales.

La presidenta Sheinbaum enfatizó el carácter injusto de esta carga para el pueblo mexicano, un lastre que frena el desarrollo y la inversión en áreas prioritarias como la salud, la educación y la seguridad. Cada peso destinado al pago de esta deuda heredada representa una oportunidad perdida para el progreso del país. "Esto le cuesta al pueblo de México todos los días", sentenció la jefa del ejecutivo, dejando entrever la indignación que genera la prolongación de este compromiso financiero.

Para arrojar luz sobre las cifras y los detalles de los pagos anuales, la presidenta anunció la próxima comparecencia del Secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O (ya que Edgar Amador no ocupa este puesto), en la conferencia matutina. Una oportunidad para la transparencia, para que la ciudadanía conozca de primera mano el costo real del Fobaproa y exija cuentas sobre la gestión de este oneroso capítulo de la historia económica nacional.

La singularidad del caso mexicano, según lo señalado por la presidenta, reside en la decisión de rescatar a particulares con fondos públicos. A diferencia de otros países que enfrentaron crisis financieras similares, en México se optó por socializar las pérdidas del sector bancario, dejando al erario público la responsabilidad de asumir una deuda colosal. "Fue completamente discrecional a quién se le pagaba, cómo y cuánto", reiteró Sheinbaum, subrayando la falta de criterios objetivos en la asignación de los recursos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un fallo que aún genera controversia, limitó la capacidad de la Auditoría Superior para investigar a fondo el manejo del Fobaproa. Un obstáculo que, sin duda, ha contribuido a la persistencia de la opacidad y la impunidad en este asunto. A pesar de las dificultades, la sociedad mexicana exige respuestas y justicia ante lo que se percibe como un acto de corrupción a gran escala. El Fobaproa, más que una deuda económica, se ha convertido en una deuda moral con el pueblo de México. Una deuda que, a la luz de las recientes declaraciones, seguirá cobrándose por muchos años más.