La podredumbre que corroe el sistema de justicia mexicano se manifiesta en la cifra escalofriante del 93% de delitos que no se denuncian, según la ENVIPE 2023. Imaginen, nueve de cada diez crímenes quedan en la sombra, alimentando un monstruo de impunidad que nos devora a todos. No es paranoia, es la realidad de un país donde la desconfianza en las autoridades es tan profunda como el miedo a las represalias. ¿Quién se atreve a denunciar cuando el simple hecho de pisar un Ministerio Público puede convertirte en blanco de la venganza? El caso de mi amigo, a quien le robaron dos celulares a punta de pistola, ilustra a la perfección este temor. A pesar de nuestra insistencia para que presentara la denuncia, su lógica aplastante nos dejó sin palabras: ¿para qué dar mis datos si esos criminales sabrán dónde vivo?

Y si de los pocos valientes que denuncian hablamos, apenas un irrisorio 1.3% obtiene justicia. Un sistema colapsado, fiscalías saturadas, escasez de jueces y peritos, ineficiencia en las investigaciones… el diagnóstico es desolador. Los delincuentes que llegan a pisar la cárcel, en muchos casos lo hacen en un sistema penitenciario tan precario que la fuga se convierte en una posibilidad real, alimentada por la corrupción que permea los muros. Otros son liberados por jueces que, en no pocas ocasiones, sucumben a los sobornos o aplican resquicios legales de forma cuestionable.

Las estadísticas son demoledoras: en 2022, el 96.3% de los casos conocidos por el Ministerio Público quedaron impunes. Y si nos enfocamos en delitos graves como homicidios o feminicidios, la cifra supera el 98% en varios estados. A esto se suma la facilidad con la que quienes reciben sentencias logran reducir sus penas mediante negociaciones o fallas procesales. El mensaje es claro: en México, el crimen sí paga.

La impunidad no discrimina, beneficia tanto al ladrón de poca monta como al narcotraficante de alto perfil. La liberación de criminales por "fallas procesales" se ha convertido en una burla a la justicia, una bofetada a las víctimas y un recordatorio constante de la fragilidad de nuestro Estado de Derecho. No se trata solo de falta de capacidad institucional, sino de una profunda crisis de corrupción y, sobre todo, de falta de voluntad política para cambiar las cosas.

En pocos días tendremos elecciones extraordinarias para renovar nuestro sistema judicial, y la apatía ciudadana es palpable. ¿Cambiará algo? Difícil saberlo. La solución no es mágica, no se reduce a un proceso electoral. Pero la abstención solo puede agravar el problema. No votar es renunciar a la posibilidad de exigir un cambio, de alzar la voz y demandar un sistema de justicia que funcione, que nos proteja y que haga valer la frase, hoy vacía, de "quien la hace la paga".

Mientras tanto, en el escenario internacional, la alianza entre Xi Jinping y Vladimir Putin se consolida frente a un Estados Unidos convulsionado. China y Rusia emergen como un contrapeso al poderío estadounidense, configurando un nuevo orden mundial que nos presenta desafíos y oportunidades. ¿Saldremos bien librados? El tiempo lo dirá.