El Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Fernando Díaz Juárez, ha declarado que la institución que encabeza es la más grande e importante del país. Una afirmación audaz que sustenta en la impresionante cifra de 289 mil asuntos atendidos anualmente, con un número, según sus palabras, reducido de jueces. Este volumen de trabajo, gestionado con una eficiencia que permite resolver juicios laborales en un promedio de siete meses, posiciona al Poder Judicial del Edomex como un referente nacional en diversas materias. No se trata solo de cantidad, sino también de la innovación en la aplicación de la justicia, como lo demuestra la existencia de un juzgado en línea capaz de resolver solicitudes de medidas cautelares por violencia intrafamiliar en menos de cuatro horas, un logro que, en palabras del Magistrado, "salva vidas".

Este sistema de atención inmediata a las víctimas de violencia intrafamiliar se convierte en un ejemplo palpable de la modernización y eficacia que Díaz Juárez busca destacar. La rapidez de respuesta no solo protege a las personas en situaciones de vulnerabilidad, sino que también envía un mensaje claro a la sociedad: el Poder Judicial está presente y activo en la protección de sus derechos. La mención de este juzgado en línea no es casual; representa la apuesta por la tecnología al servicio de la justicia y la accesibilidad para quienes más lo necesitan.

La declaración de Díaz Juárez sobre la democratización de la justicia, iniciada, según él, antes de la propia reforma, abre un interesante debate sobre la evolución del sistema judicial en el Estado de México. Afirma que el Poder Judicial se encuentra inmerso en un proceso de transformación, no solo por el déficit de personal juzgador, sino también por la necesidad de reconquistar la confianza ciudadana. "Tenemos que volver a recuperar la confianza de la gente y para eso se necesitan juzgadores sensibles", una frase que revela la importancia que se otorga a la dimensión humana de la justicia, más allá de la mera aplicación de la ley.

La próxima jornada electoral en el Estado de México, con la elección de 91 cargos judiciales –55 jueces, 33 magistrados y 5 integrantes del tribunal de disciplina–, adquiere una relevancia especial en este contexto de transformación. La extinción del Consejo de la Judicatura, consecuencia de la reforma, marca un punto de inflexión en la estructura del Poder Judicial, y la elección de estos nuevos cargos será crucial para definir el rumbo de la institución en los próximos años.

La responsabilidad que recae sobre los jueces y magistrados, "la altísima encomienda de impartir justicia", como la describe Díaz Juárez, subraya la importancia de la imparcialidad y la capacidad de resolución en los conflictos que se presentan ante los tribunales. No se trata solo de dirimir disputas entre particulares, sino de sentar las bases para una sociedad respetuosa del Estado de Derecho, un elemento clave para el desarrollo económico y social.

Finalmente, el Magistrado vincula la labor del Poder Judicial con la generación de un entorno propicio para la inversión y el desarrollo personal, garantizando el respeto de los Derechos Humanos y la dignidad de las personas. Una visión que coloca al Poder Judicial como un pilar fundamental para el progreso del Estado de México, y que busca, a través de la eficiencia, la sensibilidad y la modernización, construir una sociedad más justa y equitativa.