La sombra del huachicol fiscal se extiende sobre México como una plaga silenciosa, pero voraz. Ya no se limita a las tomas clandestinas y las mangueras en la oscuridad de la noche. Ha evolucionado, se ha sofisticado, y ahora se mueve en los despachos, en los puertos, en las aduanas, con la complicidad de documentos en regla y el silencio cómplice de quienes deberían protegernos. Miles de millones de pesos, que deberían destinarse a hospitales, escuelas, infraestructura, se desvanecen en una red de corrupción e impunidad que amenaza con desangrar al país.

Las cifras son escalofriantes, casi imposibles de digerir. 554 mil 750 millones de pesos, una cantidad que escapa a la comprensión, perdidos en la maraña del huachicol fiscal entre 2019 y 2024. ¿Cómo es posible que un tercio del combustible que se vende en el país lo haga al margen de la ley? El SAT lo reconoce, la ANAM lo documenta, la EIA de Estados Unidos lo confirma. Y mientras tanto, ¿qué hacen nuestras autoridades? Discuten reformas, entablan diálogos, mientras las mafias tejen redes internacionales que alcanzan a Japón, India y África. El Cártel de Sinaloa, el CJNG, el Cártel del Golfo, ya no solo trafican drogas, ahora son exportadores de hidrocarburos robados, utilizando empresas fachada y operadores financieros que se mueven como fantasmas en el sistema.

La justicia estadounidense, a diferencia de la nuestra, ya ha comenzado a actuar. Incautaciones, sanciones, allanamientos como el de “Arroyo Terminals” en Texas, son apenas la punta del iceberg, un atisbo de la magnitud de esta red criminal. Mientras tanto, en México, en lugar de perseguir a los culpables, se les otorgan amparos. El caso de “Intanza”, vinculada a altos funcionarios portuarios, es un ejemplo paradigmático. Millones de litros de supuesto aditivo, que la Semar ya había identificado como combustible robado, fueron liberados gracias a la magia jurídica de un amparo. La Fiscalía General de la República, una vez más, guarda silencio, cómplice por omisión, alimentando la impunidad que permite a estas redes operar con total libertad.

Las casi dos mil denuncias presentadas en el primer trimestre de 2025, un promedio de 22 al día, son un grito ahogado en la indiferencia. No se trata solo de crimen organizado, se trata de complicidad institucional, de una omisión deliberada que pudre las estructuras del Estado. No necesitamos nuevas leyes, necesitamos que se apliquen las que ya existen. La advertencia de la GAFI en la Convención Bancaria es clara: si México no persigue las fuentes de financiamiento ilícito, nuestros bancos podrían enfrentar sanciones internacionales. El crimen financiero transnacional ya no es una amenaza lejana, es una realidad que nos golpea en la cara.

El esquema es perverso y eficiente. El combustible entra por puertos como Ensenada o Tampico, disfrazado de “aditivo” o insumo industrial, evadiendo el IEPS. Facturas trianguladas, empresas fantasma, millones de litros de diésel y gasolina movilizándose sin pagar un solo peso en impuestos. Los responsables, protegidos por una red de contactos dentro de aduanas, puertos, e incluso ASIPONA, operan con la certeza de la impunidad. Un modelo de negocio cimentado en la simulación, blindado por litigios estratégicos y protegido por la mirada indiferente de una Fiscalía que parece haber olvidado su deber. El huachicol fiscal es una herida abierta en el cuerpo de México, una hemorragia silenciosa que nos está llevando al colapso. ¿Hasta cuándo seguiremos permitiendo que esto suceda?