La propuesta de Morena de suspender el pago de la deuda del IPAB, heredada del Fobaproa, ha generado una ola de reacciones en el sector financiero. La Asociación de Bancos de México (ABM) ha alzado la voz con vehemencia, advirtiendo sobre las graves consecuencias que esta decisión podría acarrear para la economía nacional. No se trata, argumentan, de una simple medida administrativa, sino de una decisión que podría poner en jaque el grado de inversión del país y minar la confianza de los inversionistas, tanto nacionales como internacionales.

Raúl Martínez Ostos, vicepresidente de la ABM, ha sido particularmente enfático al respecto. Dejar de pagar esta deuda, que forma parte de la deuda pública, representaría un incumplimiento de las obligaciones del gobierno, enviando una señal de alarma a los mercados. Imaginemos el impacto: una pérdida de credibilidad que dificultaría el acceso a financiamiento en el futuro, elevando los costos para el país y limitando su capacidad de inversión en áreas cruciales como infraestructura, educación y salud. El efecto dominó sería devastador, afectando no solo al sector financiero, sino a la economía en su conjunto.

Si bien es cierto que el pasado merece ser analizado, como lo señala Julio Carranza Bolívar, presidente de la ABM, la mirada debe estar puesta en el futuro. El sistema financiero mexicano, producto de un largo proceso de reformas y ajustes, se rige hoy por estándares internacionales, lo que ha permitido consolidar una banca sólida, bien regulada y supervisada. Esta fortaleza es un activo invaluable para el país, un motor de crecimiento y desarrollo que no podemos poner en riesgo. En lugar de mirar hacia atrás, debemos enfocarnos en cómo fortalecer aún más este sistema, impulsando la innovación y la inclusión financiera para beneficio de todos los mexicanos.

Es importante recordar el contexto en el que se creó el Fobaproa. En la década de los 90, el sistema bancario enfrentó una crisis profunda que amenazaba con arrastrar a toda la economía. El rescate bancario, como lo recuerda Eduardo Osuna Osuna, vicepresidente del Consejo de Administración y director General de BBVA, no fue un favor a los bancos, sino una medida necesaria para proteger a los depositantes y preservar el sistema de pagos. De no haberse actuado con decisión, las consecuencias habrían sido catastróficas. Millones de mexicanos habrían perdido sus ahorros, el crédito se habría paralizado y la economía habría entrado en una espiral descendente.

La propuesta de Morena, por lo tanto, no solo es arriesgada desde el punto de vista económico, sino que también ignora las lecciones del pasado. El debate sobre el Fobaproa y el IPAB es legítimo, pero debe estar basado en un análisis riguroso y objetivo, no en consignas políticas. El futuro de México depende de la solidez de su sistema financiero. Jugar con fuego en este ámbito es una apuesta que el país no puede permitirse. La estabilidad y el crecimiento económico son demasiado importantes como para ponerlos en riesgo por decisiones apresuradas y sin fundamento.