La búsqueda de personas desaparecidas en México se ha convertido en una herida abierta en el tejido social, una tragedia que exige respuestas y acciones concretas. Las recientes declaraciones de la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, durante las Mesas de Diálogo sobre la Agenda de Desaparición y Búsqueda de Personas con Colectivos, abren una ventana de esperanza, aunque también plantean importantes interrogantes. La promesa de una "ruta conjunta" hacia la verdad y la justicia, construida en colaboración con los colectivos de familiares, resuena con fuerza en un contexto marcado por la impunidad y la falta de resultados.

Es alentador escuchar que el gobierno federal reconoce la centralidad de las demandas de verdad y justicia, y que se compromete a trabajar "con ahínco" en la búsqueda de las personas desaparecidas. Sin embargo, las palabras deben traducirse en acciones tangibles. La secretaria Rodríguez reconoce que los resultados quizá no lleguen tan rápido como se espera, una declaración que, si bien realista, también encierra el riesgo de perpetuar la angustia y la incertidumbre que viven miles de familias.

La creación de equipos de atención y búsqueda en los estados es un paso importante. La integración multidisciplinaria de estos equipos, con la participación de diversas dependencias, podría fortalecer las capacidades de investigación y búsqueda a nivel local. No obstante, es crucial asegurar la coordinación efectiva entre estos equipos y los colectivos de familiares, evitando la duplicación de esfuerzos y garantizando que la información fluya de manera transparente.

El llamado al diálogo franco y cordial es fundamental. Las voces de los colectivos y familiares de personas desaparecidas deben ser escuchadas y atendidas con la debida seriedad. Sus propuestas, críticas y comentarios son invaluables para perfeccionar las leyes y las políticas públicas en materia de desaparición. La promesa de construir las reformas "de la mano" con los colectivos genera expectativas, pero también exige un compromiso real de participación y co-creación.

La lucha contra la impunidad es un componente esencial en la búsqueda de la verdad y la justicia. Es necesario fortalecer las capacidades de investigación y persecución de los delitos relacionados con la desaparición, así como garantizar la protección de los familiares y testigos que colaboran en los procesos judiciales.

El camino hacia la verdad y la justicia es largo y complejo. Requiere la voluntad política del gobierno, la participación activa de la sociedad y, sobre todo, la perseverancia y la esperanza de los familiares que no cesan en su búsqueda. La "ruta conjunta" anunciada por la Secretaria de Gobernación debe ser un camino de colaboración, transparencia y resultados concretos. El dolor de las familias y la exigencia de justicia no pueden esperar más. El tiempo de las promesas ha terminado; es tiempo de actuar con decisión y eficacia para encontrar a las personas desaparecidas y sancionar a los responsables. La sociedad mexicana entera debe unirse en esta causa y exigir que la verdad y la justicia prevalezcan.