La prohibición de las corridas de toros en Michoacán ha desatado una ola de indignación y, lamentablemente, también de violencia en redes sociales. No se trata solo de desacuerdos o debates acalorados, sino de auténticas amenazas e intimidaciones dirigidas hacia los legisladores que votaron a favor de esta medida. El caso de la diputada Sandra Arreola Ruíz, del Partido Verde Ecologista de México, es particularmente preocupante. No solo ha sido objeto de insultos y agresiones verbales, sino que también se han utilizado imágenes de sus hijos, extraídas sin su consentimiento de su perfil privado, para incitar a la violencia. Este tipo de actos no puede ser tolerado bajo ninguna circunstancia. Cruzan la línea del debate legítimo y se adentran en el terreno del acoso y la intimidación, poniendo en riesgo la seguridad e integridad de la diputada y su familia.

Imaginemos por un momento la angustia de una madre al ver las fotografías de sus hijos utilizadas como arma arrojadiza en una disputa política. Pensemos en el miedo que puede sentir al saber que su decisión, tomada en el ejercicio de sus funciones legislativas, ha puesto a su familia en la mira de personas que no dudan en recurrir a la violencia. ¿Qué mensaje estamos enviando como sociedad si permitimos que este tipo de comportamientos queden impunes? ¿Cómo podemos esperar que nuestros representantes políticos tomen decisiones valientes y necesarias si saben que pueden ser objeto de represalias de esta naturaleza?

La denuncia que la diputada Arreola Ruíz presentará ante la policía cibernética es un paso importante en la lucha contra el acoso y la violencia en línea. Es fundamental que las autoridades investiguen a fondo estos hechos y que los responsables sean llevados ante la justicia. No se trata solo de castigar a los culpables, sino también de enviar un mensaje claro de que este tipo de comportamientos no serán tolerados.

El caso de la diputada Arreola Ruíz no es aislado. Su compañera Giulianna Bugarini también ha denunciado públicamente amenazas en su contra. Esto demuestra que el problema va más allá de un caso individual y que existe un patrón de acoso e intimidación dirigido hacia los legisladores que se han pronunciado en contra de la tauromaquia.

Es necesario que la sociedad en su conjunto rechace de manera contundente este tipo de violencia. Debemos defender el derecho de nuestros representantes a ejercer sus funciones sin temor a represalias y garantizar que el debate político se desarrolle en un marco de respeto y tolerancia. Las redes sociales no pueden convertirse en un espacio donde impere la impunidad y donde se pueda amenazar e intimidar a quienes piensan diferente. Es responsabilidad de todos construir un entorno digital seguro y respetuoso, donde la libertad de expresión se ejerza de manera responsable y sin poner en riesgo la integridad de las personas. El futuro de nuestra democracia depende de ello. No podemos permitir que el miedo silencie las voces que buscan construir un mundo mejor. Es hora de decir basta a la violencia y al acoso en redes sociales. Es hora de defender la democracia y la libertad de expresión.