La virulencia con la que ciertos sectores reaccionan ante la presencia de mujeres en puestos de poder, sobre todo si provienen de estratos populares, nos revela una profunda herida en el tejido social. No se trata simplemente de crítica política, sino de una agresión cargada de prejuicios racistas, clasistas y misóginos que buscan deslegitimar no solo a la funcionaria en cuestión, sino a todo un proyecto de representación. El caso de Rosa Icela Rodríguez es paradigmático. Su participación en eventos internacionales como representante del gobierno mexicano ha desatado una ola de ataques que van más allá de su desempeño. Se cuestiona su origen, su vestimenta, su capacidad para ocupar el cargo, recurriendo a estereotipos y descalificaciones que revelan una profunda intolerancia.

Este tipo de reacciones nos obligan a reflexionar sobre los lastres que aún persisten en nuestra sociedad. La idea de que ciertas personas, por su origen étnico, su clase social o su género, no están capacitadas para ejercer el poder, es una idea anacrónica y peligrosa. Es una manifestación de la desigualdad estructural que durante siglos ha relegado a amplios sectores de la población.

La misoginia interiorizada, como apunta la periodista Laura Arroyo, juega un papel crucial en esta dinámica. Mujeres que reproducen los discursos machistas y discriminatorios contra otras mujeres, contribuyen a perpetuar un sistema de opresión. Es fundamental comprender que la lucha por la igualdad beneficia a todas las mujeres, independientemente de su origen o posición social.

El debate sobre la "blanquitud" y la discriminación racial es otro elemento clave para entender estas reacciones. La idealización de la cultura occidental y la desvalorización de las expresiones culturales propias de los pueblos originarios son manifestaciones de un racismo arraigado. La música de banda, por ejemplo, es etiquetada despectivamente como "música agropecuaria", mientras que otras expresiones musicales, asociadas a la cultura blanca, son consideradas de mayor prestigio.

La llegada de la 4T ha visibilizado estas tensiones y ha puesto en evidencia la resistencia de ciertos sectores a la inclusión y la diversidad. La presencia de mujeres, de personas de origen indígena y de representantes de las clases populares en puestos de poder, ha generado una reacción que revela la fragilidad de los privilegios históricos.

Es fundamental combatir estos discursos de odio y discriminación a través de la educación, la promoción de la igualdad y el fortalecimiento de las instituciones democráticas. La participación activa de la ciudadanía es crucial para construir una sociedad más justa e inclusiva, donde todas las personas tengan las mismas oportunidades, sin importar su origen, su género o su clase social.

El camino hacia la igualdad es largo y complejo, pero no podemos claudicar. La presencia de mujeres como Rosa Icela Rodríguez en puestos de poder es un paso importante, pero no es suficiente. Debemos seguir trabajando para erradicar la discriminación y construir un país donde la diversidad sea valorada y respetada. El futuro depende de nuestra capacidad para superar los prejuicios y construir una sociedad verdaderamente democrática e igualitaria.