Millones de mexicanos, asfixiados por la sombra del Buró de Crédito, podrían ver un futuro más brillante gracias a la iniciativa presentada por el diputado Ricardo Astudillo Suárez. La propuesta, que busca reformar la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia y la Ley de Protección al Consumidor, se presenta como un bálsamo para quienes, a pesar de haber saldado sus deudas, continúan encadenados a un historial crediticio negativo que les impide acceder a nuevas oportunidades.

Imaginen la frustración: terminar de pagar una deuda, respirar aliviados pensando que se ha cerrado un capítulo, y descubrir que la sombra de ese compromiso persiste, limitando el acceso a créditos, préstamos e incluso a ciertas oportunidades laborales. Esta es la realidad para un 50% de la población mexicana, que se encuentra excluida del sistema bancario, no por ser deudores morosos, sino por un sistema que parece castigar el pasado en lugar de impulsar el futuro.

La propuesta de Astudillo Suárez no busca borrar el historial crediticio por completo, sino establecer un límite de 24 meses para la permanencia de registros negativos. Dos años, un plazo razonable para que las personas puedan demostrar su solvencia y reconstruir su reputación financiera. ¿Es justo que una deuda pequeña, quizás un imprevisto de hace años, condicione el acceso a un crédito para emprender un negocio, comprar una casa o simplemente afrontar una emergencia?

Además, la iniciativa aborda un punto crucial: la transparencia. Se propone que, una vez saldada la deuda, el registro se elimine por completo y que los burós no puedan mantener información sin el consentimiento explícito del ciudadano. Se busca, en definitiva, empoderar al ciudadano, otorgándole el control sobre su propia información financiera. ¿No es acaso un derecho fundamental saber cómo se nos evalúa y qué información se utiliza para determinar nuestro acceso al crédito?

Otro aspecto fundamental de la propuesta es la regulación de las tasas de interés. En muchos casos, el “riesgo crediticio” se utiliza como justificación para aplicar tasas abusivas que perpetúan el ciclo del endeudamiento. La iniciativa busca proteger al consumidor de estas prácticas, garantizando que el acceso al crédito sea justo y equitativo.

Finalmente, se plantea la gratuidad de la consulta al Buró de Crédito. Actualmente, acceder a esta información tiene un costo que puede oscilar entre los 50 y los 500 pesos, una barrera adicional para quienes buscan entender y mejorar su situación financiera. Eliminar este costo democratizaría el acceso a la información y permitiría a los ciudadanos tomar decisiones más informadas sobre sus finanzas.

La iniciativa de Ricardo Astudillo Suárez se presenta como una oportunidad para repensar el sistema crediticio en México, priorizando la inclusión financiera y la justicia para millones de mexicanos que merecen una segunda oportunidad. Es una propuesta que invita a la reflexión: ¿Debe el pasado financiero condenar el futuro de las personas? ¿No es hora de construir un sistema más justo, transparente y que impulse el desarrollo económico de todos los mexicanos?