La sombra de la violencia vuelve a cernirse sobre Siria. Una nueva ola de enfrentamientos, esta vez entre grupos armados suníes y drusos, además de las fuerzas gubernamentales, ha dejado un saldo trágico de al menos 101 muertos. Este escenario, ya de por sí desolador, se complica aún más con la injerencia externa, como los recientes ataques israelíes cerca del palacio presidencial en Damasco. La amenaza de una conflagración generalizada es palpable, y la profunda crisis económica que atraviesa el país solo añade leña al fuego. En este contexto, la justicia transicional se presenta como una urgente necesidad, un camino, aunque complejo, hacia la reconciliación y la construcción de un futuro en paz.

Siria, al igual que otras naciones marcadas por conflictos internos, se enfrenta al desafío de exorcizar los demonios del pasado. La experiencia latinoamericana, particularmente la de países como Argentina y Chile, ofrece valiosas lecciones en este sentido. Comisiones de la verdad, tribunales para juzgar a los responsables de violaciones de derechos humanos, iniciativas de memoria histórica y mecanismos de reparación a las víctimas son algunas de las herramientas que han sido utilizadas en estos procesos. Sin embargo, la mera implementación de estos mecanismos no garantiza el éxito. La experiencia en nuestra región también nos muestra que la criminalidad, el narcotráfico, la corrupción y la debilidad estatal, entre otros factores, pueden obstaculizar la transición y la consolidación de la paz. Casos como el de Argelia, donde la amnistía se convirtió en la principal herramienta para lidiar con el legado de la guerra civil, o los de Túnez y Egipto, donde los avances han sido limitados y en algunos casos contraproducentes, nos recuerdan la complejidad de estos procesos.

En el caso sirio, las autoridades han tomado algunas medidas, como la derogación de las leyes de emergencia, la disolución del Partido Baath y la criminalización de las apologías del régimen de Asad. La nueva declaración constitucional también recoge estos objetivos. Sin embargo, la falta de ratificación del Estatuto de Roma, que establece la Corte Penal Internacional, plantea interrogantes sobre el alcance y la efectividad de estas medidas. La historia, tanto en Latinoamérica como en otras regiones, nos enseña que un cambio de régimen no es suficiente para cerrar el ciclo de violencia y venganza. La presión externa, como la ejercida por Israel, que busca mantener a Siria en un estado de fragilidad y división, añade otra capa de complejidad a la búsqueda de un futuro compartido.

La justicia transicional no es una receta mágica, sino un proceso largo y arduo que requiere la participación activa de todos los sectores de la sociedad. Implica reconocer el pasado, asumir responsabilidades, reparar el daño causado y construir las bases para una convivencia pacífica. En el caso de Siria, este camino se presenta especialmente difícil, pero es la única vía para romper el ciclo de violencia y construir un futuro digno para todos los sirios. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de apoyar este proceso, no solo con palabras, sino con acciones concretas que contribuyan a la estabilización del país y al fortalecimiento de las instituciones democráticas. El futuro de Siria depende de la capacidad de sus ciudadanos para superar las divisiones del pasado y construir un futuro común basado en la justicia, la verdad y la reconciliación. El tiempo apremia y la ventana de oportunidad se está cerrando. Es hora de actuar.