La seguridad ciudadana se encuentra en una encrucijada. El arduo trabajo de las fuerzas de seguridad, arriesgando sus vidas en cada operativo, se ve socavado por un sistema judicial que, en ocasiones, parece favorecer a quienes deberían perseguir. No se trata de una simple apreciación, sino de una preocupante realidad respaldada por cifras alarmantes. Casi 200 determinaciones judiciales, desde principios de 2024, han beneficiado a presuntos delincuentes, permitiendo su liberación o traslado a centros penitenciarios de menor seguridad, poniendo en riesgo la seguridad de la sociedad y la justicia para las víctimas. Imaginen el esfuerzo, la dedicación y el peligro que enfrentan nuestros policías y agentes de seguridad al capturar a estos individuos, solo para verlos regresar a las calles por decisiones judiciales cuestionables. Es una bofetada al compromiso y la valentía de quienes nos protegen.

Este fenómeno no se limita a un puñado de casos aislados. Hablamos de una tendencia preocupante que se extiende a lo largo del país, con más de 100 delincuentes de vuelta en las calles gracias a cambios en las medidas cautelares y egresos definitivos. En muchos casos, estos traslados a centros de menor seguridad se realizan sin cumplir con las formalidades del proceso, ignorando las medidas de seguridad específicas que requieren estos individuos, incrementando el riesgo de fugas y nuevas actividades delictivas. ¿Qué mensaje estamos enviando a la sociedad cuando quienes delinquen encuentran una vía fácil para evadir la justicia? ¿Cómo podemos pedir confianza en las instituciones si estas mismas parecen proteger a quienes las vulneran?

La lista de jueces involucrados en estas decisiones es extensa y abarca diferentes estados de la República. Nombres como Gregorio Salazar Hernández, Silvestre Peña Crespo, Enrique Hernández Miranda y Aníbal Castro Borbón, entre otros, figuran en los registros de estas resoluciones que han facilitado la liberación de individuos procesados por delitos graves, desde delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita hasta peculado y corrupción. No se trata de señalar culpables sin un debido proceso, pero la reiteración de estas decisiones exige una profunda reflexión sobre los criterios que se están aplicando en estos casos. Es necesario transparentar los procesos y garantizar que las decisiones judiciales se basen en la ley y en la búsqueda de la justicia, no en intereses particulares o presiones externas.

La liberación de miembros de organizaciones criminales de alta peligrosidad, como el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo, el Cártel Jalisco Nueva Generación, la Familia Michoacana, Los Zetas y Los Rojos, ilustra la gravedad de la situación. Figuras clave en la generación de violencia en el país han logrado evadir la justicia gracias a sentencias absolutorias, autos de libertad y la no vinculación a proceso, a pesar de la evidencia en su contra. ¿Cómo podemos aspirar a la paz y la seguridad si permitimos que los principales responsables de la violencia queden impunes? Es fundamental que las autoridades judiciales actúen con responsabilidad y apego a la ley, priorizando la seguridad de la ciudadanía y la justicia para las víctimas. El combate a la delincuencia requiere un esfuerzo conjunto, donde todas las instituciones, incluyendo el poder judicial, trabajen en la misma dirección para garantizar un país más seguro y justo para todos. La impunidad no puede ser una opción.