La declaración de Ana María Ibarra, aspirante a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resonó como un trueno en el Congreso del Trabajo. No se guardó nada. Con la fuerza de quien conoce de cerca las luchas obreras, Ibarra acusó directamente a la Segunda Sala de la Corte de frenar el avance en materia de derechos laborales, una oportunidad perdida que deja a millones de trabajadores en la incertidumbre.

Sus palabras, pronunciadas ante una audiencia compuesta por líderes sindicales y defensores de los derechos laborales, pintan un panorama preocupante: la Suprema Corte, en su administración actual, estaría dando la espalda a la justicia social, desentendiéndose del espíritu de la reforma laboral y manteniéndose neutral ante la desigualdad. Una neutralidad que, en el contexto actual, se traduce en complicidad con las estructuras que perpetúan la injusticia.

Ibarra no se limitó a la denuncia. Con la convicción de quien busca un cambio real, se comprometió a impulsar la transformación desde adentro. Su propuesta es clara: hacer realidad los postulados de la reforma laboral y homologar criterios para agilizar los procesos de defensa de los trabajadores. Una promesa que, de concretarse, significaría un avance sustancial en la protección de los derechos de quienes día a día construyen el país con su esfuerzo.

La aspirante a ministra puso el dedo en la llaga al señalar la desconexión entre la justicia y la realidad de los trabajadores. Criticó el uso de tecnicismos legales que, en lugar de facilitar el acceso a la justicia, se convierten en obstáculos insalvables para quienes buscan la reparación de sus derechos. “Si el derecho no sirve para derribar las barreras estructurales que enfrentan los trabajadores, se vuelve parte del problema”, afirmó con contundencia. Una frase que resume la necesidad de una justicia más humana, más cercana a las necesidades de la gente.

La visión de Ibarra se centra en una justicia con equidad. Una justicia que no se limite a la igualdad formal ante la ley, sino que reconozca las condiciones de desventaja que enfrentan grupos específicos como las mujeres, las personas indígenas, los jóvenes sin contrato y las trabajadoras del hogar. Una justicia que, en lugar de ignorar estas realidades, actúe para transformarlas.

Su llamado a la Suprema Corte a convertirse en una aliada del cambio social, y no en una barrera, es un desafío directo al statu quo. Ibarra aboga por una justicia que salga del papel, que deje de ser abstracta y responda a la realidad concreta del país. Una justicia que, en definitiva, recupere la confianza del pueblo trabajador.

La intervención de Ibarra en el Congreso del Trabajo deja una pregunta en el aire: ¿estará la Suprema Corte a la altura del desafío? ¿Será capaz de asumir su rol como garante de la justicia social y de los derechos de los trabajadores? El futuro del país, en gran medida, depende de la respuesta a estas preguntas. La esperanza, por ahora, reside en la voz firme y comprometida de quienes, como Ana María Ibarra, luchan por una justicia más justa y equitativa para todos.