La precariedad que enfrentan muchos de nuestros policías municipales y estatales es una realidad alarmante que no podemos seguir ignorando. Imaginen por un momento la contradicción: quienes nos protegen, quienes arriesgan sus vidas a diario para salvaguardar la nuestra, a menudo no pueden ni siquiera cubrir las necesidades básicas de sus familias. Siete de cada diez policías municipales, según estudios recientes, no alcanzan el salario mínimo recomendado. ¿Cómo podemos esperar que den lo mejor de sí, que se comprometan con su labor, si viven con la angustia constante de no poder llevar el pan a la mesa? Es una situación injusta e insostenible.

Más allá del salario, la falta de prestaciones básicas, consagradas en nuestra Constitución, agrava aún más el panorama. Aguinaldo, vacaciones pagadas, prima vacacional… derechos que a muchos nos parecen obvios, son negados a quienes velan por nuestra seguridad. No se trata de una simple omisión, es una violación flagrante de sus derechos laborales, una deuda que tenemos con quienes nos cuidan.

Si bien es cierto que la Cuarta Transformación ha dado pasos importantes en la dignificación de la Guardia Nacional, incrementando sus salarios y garantizando sus prestaciones, este esfuerzo debe replicarse en todos los niveles de gobierno. El ejemplo federal debe inspirar a estados y municipios a actuar con la misma responsabilidad y compromiso. No podemos permitir que la precariedad laboral se convierta en un caldo de cultivo para la corrupción, la desconfianza y la falta de compromiso institucional.

La dignificación policial no es un gasto, es una inversión. Es invertir en la seguridad de todos, en la construcción de una paz duradera. Un policía bien remunerado, con prestaciones garantizadas y condiciones laborales dignas, es un policía más motivado, más comprometido y menos vulnerable a las tentaciones de la corrupción. Es un policía que puede enfocarse en su labor, en proteger a la ciudadanía, sin la carga de la incertidumbre económica.

La seguridad, como bien se ha dicho, empieza desde lo local. Desde los policías que patrullan nuestras calles, que conocen nuestros barrios, que son los primeros en responder ante una emergencia. Fortalecer a las policías municipales y estatales es fortalecer la seguridad de todos.

No podemos seguir exigiendo compromiso a quienes les ofrecemos abandono. La pacificación del país, la construcción de una sociedad más segura, empieza por reconocer el valor de nuestros policías y garantizarles las condiciones que merecen. Es hora de que estados y municipios asuman su responsabilidad y se sumen al esfuerzo federal por dignificar la labor policial. No podemos construir una paz sólida sobre cimientos de precariedad. La seguridad de todos depende de ello.

Es fundamental que la sociedad civil se involucre en esta causa. Exijamos a nuestros gobernantes locales que prioricen la dignificación policial, que destinen los recursos necesarios para garantizar salarios dignos y prestaciones completas. Organicémonos, alcemos la voz, hagamos que se escuche nuestro reclamo. La seguridad es un derecho de todos, y la dignificación de nuestros policías es un paso fundamental para alcanzarla. No podemos ser indiferentes ante la precariedad que enfrentan quienes nos protegen. Es hora de actuar, de construir un futuro más seguro para todos, empezando por quienes velan por nuestra tranquilidad. La indiferencia no es una opción.