La sombra de la impunidad se cierne sobre el Centro de Reinserción Social número 14 El Amate en Cintalapa, Chiapas. Las recientes revelaciones sobre el caso de Yudiel Flores Tovar, alias "El Coyote Consentido", fallecido el pasado 15 de abril, han sacudido a la opinión pública y destapado una red de complicidades que permitía el acceso de menores a su celda, incluyendo a su propio hijo adoptivo. La Fiscalía General del Estado, a través del Fiscal General Jorge Luis Llaven Abarca, ha confirmado la escalofriante realidad: al menos cinco menores ingresaron a la celda de Flores Tovar entre 2024 y la fecha de su muerte. Las pruebas, contundentes e irrefutables, se basan en videos y bitácoras de visitas al penal.

La indignación crece a medida que se conocen más detalles. No solo se trata del acceso de menores a la celda de un peligroso criminal, sino del horror que se escondía tras esos muros: material pornográfico infantil encontrado en un teléfono celular perteneciente a Flores Tovar, presuntamente grabado dentro del propio centro penitenciario. La pregunta que resuena en la mente de todos es ¿cómo pudo suceder esto? ¿Cómo pudo un depredador sexual operar con tanta impunidad dentro de un recinto supuestamente seguro y bajo la vigilancia de las autoridades?

La investigación ha revelado la participación de Cristian "N", pareja sentimental de Flores Tovar, quien presuntamente se encargaba de llevar a los menores a la celda. Su autorización de visita, junto con la de los padres del fallecido, contrasta con la facilidad con la que se burlaban los protocolos de seguridad. Los días de visita de Cristian "N" coinciden con la presencia de los menores en la celda, según los dictámenes tecnológicos presentados por la Fiscalía. Un dato escalofriante que evidencia la premeditación y la frialdad con la que se cometían estos actos atroces.

La red de complicidades se extiende más allá de la pareja del criminal. Cuatro funcionarios del penal, Luis Miguel "N", José "N", Oscar "N" y Miguel Ángel "N", quienes ocupaban cargos de mando, están implicados en el caso. Su responsabilidad en el ingreso de los menores es ineludible. La ley les imponía el deber de cuidado y la garantía de la integridad física de los internos, una responsabilidad que, a todas luces, fue traicionada. ¿Qué motivó su silencio? ¿Qué beneficios obtenían a cambio de permitir estas aberraciones? Estas son las preguntas que la justicia deberá responder.

Los cinco implicados ya han comparecido ante la justicia en su primera audiencia. Han solicitado la duplicidad del término para declarar, dilatando así el proceso. La sociedad exige justicia, exige respuestas y, sobre todo, exige que se implementen medidas para que este tipo de atrocidades no vuelvan a ocurrir. El caso de "El Coyote Consentido" no puede quedar impune. Es un llamado urgente a revisar los protocolos de seguridad en los centros penitenciarios, a erradicar la corrupción y a garantizar la protección de los más vulnerables. La justicia no solo debe ser aplicada, debe ser ejemplar, para que la sombra de la impunidad no vuelva a oscurecer las vidas de nuestros niños.