La tragedia ha teñido de luto al municipio de Puerto Libertador, Córdoba. La comunidad educativa, y en realidad toda Colombia, llora la pérdida de Edilma Rosa Guzmán Flórez, una maestra cuyo compromiso con la enseñanza fue brutalmente silenciado. Su desaparición, el lunes 28 de abril, generó una ola de angustia y desesperación que culminó con el hallazgo de su cuerpo sin vida dos días después, bajo la sombra fría de un puente que cruza el río San Pedro. La imagen, desgarradora: su cuerpo atado a la motocicleta que la llevaba cada mañana a compartir su saber con sus alumnos. Un arma punzocortante, la herramienta de una violencia inexplicable, puso fin a su vida y dejó una herida profunda en el corazón de quienes la conocieron.

El caso, que inicialmente se manejó como una desaparición, pronto tomó un giro aún más doloroso. Ángel Custodio Montes Anaya, esposo de Edilma Rosa, se entregó a las autoridades, confesando el atroz crimen. Sus palabras, frías y concisas, "Estuve en el asesinato de mi esposa, sí, (yo la asesiné)", resonaron con la fuerza de un trueno en la tranquilidad del municipio. Un acto de violencia que no sólo arrebató la vida de una mujer, sino que también destrozó a una familia y conmocionó a una nación. La participación de la Guardia Indígena Zenú en la entrega del confeso asesino añade una capa de complejidad al caso. ¿Cómo lo descubrieron? ¿Qué rol jugó la justicia ancestral en este proceso? Preguntas que aún flotan en el aire, a la espera de respuestas.

Si bien la confesión de Montes Anaya proporciona un cierre parcial a la investigación, el motivo detrás de este feminicidio sigue siendo un enigma. Un silencio que atormenta a la comunidad y que exige una investigación exhaustiva. No basta con saber quién cometió el crimen; es imperativo comprender el porqué, para poder abordar las raíces de la violencia de género que sigue cobrando vidas en nuestro país.

La indignación y el dolor se han transformado en un clamor unánime por justicia. Las calles de Puerto Libertador se han llenado de voces que exigen que el asesinato de Edilma Rosa no quede impune. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE) se ha unido a este clamor, exigiendo a las autoridades una investigación rigurosa y una aplicación ejemplar de la ley. El caso de Edilma Rosa no es un hecho aislado; es un reflejo de la vulnerabilidad que enfrentan muchas mujeres en Colombia. Su memoria debe servir como un llamado a la acción, un impulso para construir una sociedad donde la vida de las mujeres sea valorada y protegida.

Más allá de la pena que pueda recibir Ángel Custodio Montes Anaya, la verdadera justicia para Edilma Rosa radica en la construcción de un futuro donde ninguna mujer tenga que temer por su vida. Un futuro donde la educación, la pasión que movía a Edilma, sea el motor de un cambio social profundo y duradero. Un futuro donde su nombre, en vez de estar asociado a la tragedia, sea sinónimo de esperanza y de lucha contra la violencia de género.