La aparente calma en el caso del desafuero de Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido como “Alito”, esconde un hervidero de actividad legislativa y jurídica. Mientras el Partido Revolucionario Institucional (PRI) intenta minimizar la situación y declarar el tema prácticamente cerrado, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados mantiene una postura firme: el caso sigue abierto. Lejos de dar carpetazo al asunto, los diputados aguardan expectantes la respuesta de la Fiscalía de Campeche, una pieza clave en este complejo rompecabezas legal.

La solicitud de información a la Fiscalía campechana no es un mero trámite burocrático. Los legisladores buscan determinar si existen nuevos elementos en la investigación por corrupción y enriquecimiento ilícito contra el también senador priista. Recordemos que “Alito” Moreno cuenta con un escudo legal a su favor: diversos amparos que le otorgan cierta protección. Precisamente por ello, la Sección Instructora necesita conocer si la Fiscalía ha emprendido acciones legales para contrarrestar esos amparos. De la respuesta de la entidad campechana dependerá el futuro del proceso de desafuero.

La postura del PRI, que insiste en la inexistencia de materia para continuar con el desafuero, contrasta con la cautela de la Sección Instructora. Hugo Erick Flores, presidente de la Comisión Jurisdiccional, ha sido claro: se respetan las opiniones del PRI, pero la labor de la Sección Instructora continúa. El diputado ha recalcado la complejidad del expediente y la importancia de analizar a fondo cada detalle antes de tomar una decisión. La discrepancia entre ambas posturas genera una tensión palpable, un pulso político que mantiene en vilo el destino de “Alito” Moreno.

El tiempo juega un papel crucial en este escenario. La posible prescripción de las acciones legales es un factor que la Sección Instructora debe considerar. Si la Fiscalía de Campeche no ha realizado actualizaciones significativas en la investigación, la prescripción podría convertirse en un obstáculo insalvable para el desafuero. Este elemento añade aún más presión a la espera de la respuesta de la Fiscalía. Los cuatro diputados que conforman la Sección Instructora tienen la responsabilidad de evaluar la información recibida y determinar el camino a seguir. La próxima sesión de trabajo será decisiva: ¿habrá tiempo suficiente para continuar con la investigación o se optará por elaborar un dictamen que defina, de una vez por todas, el destino del caso “Alito” Moreno?

En paralelo, el caso de Cuauhtémoc Blanco presenta sus propias complejidades. La falta de una carpeta de investigación bien integrada por parte de la Fiscalía de Morelos ha frenado la solicitud de desafuero. La ausencia de los requisitos necesarios para ejercer la acción penal, que ni siquiera fue solicitada, ha dejado el caso en un punto muerto. La Sección Instructora se encuentra a la espera de una respuesta, una acción por parte de la Fiscalía de Morelos que permita destrabar el proceso. La comparación entre ambos casos, el de "Alito" Moreno y el de Cuauhtémoc Blanco, ilustra la intrincada red de procedimientos legales y políticos que envuelve a estos personajes públicos.