La tranquilidad de una comunidad escolar se ha visto sacudida en el municipio de Ciénega de Flores, Nuevo León, tras la denuncia de un presunto abuso sexual contra una alumna de la Escuela Primaria Francisco Javier Garza Leal. La madre de la menor, con valentía y determinación, alzó la voz ante la Coordinación de Seguridad Escolar y la Dirección Jurídica de la Secretaría de Educación, quienes respondieron con inmediatez activando los protocolos correspondientes. Este lamentable suceso ha puesto en marcha una serie de acciones que buscan, ante todo, brindar apoyo integral a la familia afectada y esclarecer los hechos con la mayor celeridad posible.

La Secretaría de Educación, consciente de la gravedad de la situación, ha desplegado un equipo de profesionales para brindar orientación legal a la tutora, guiándola paso a paso en el proceso de denuncia y garantizando que conozca sus derechos y las opciones a su alcance. Más allá del aspecto legal, se ha puesto especial énfasis en la atención psicológica, un pilar fundamental para la recuperación emocional tanto de la menor como de su familia. El Instituto de Educación Socioemocional se encargará de proporcionar el apoyo terapéutico necesario, creando un espacio seguro y confidencial donde puedan procesar el trauma y comenzar el camino hacia la sanación. Este acompañamiento psicológico no se limita a la familia directamente afectada, sino que se extiende a toda la comunidad educativa, reconociendo el impacto que un evento de esta magnitud puede tener en alumnos, docentes y personal administrativo.

La investigación interna, llevada a cabo por la Secretaría de Educación, no se limita a esclarecer los hechos del presunto abuso, sino que también busca determinar si hubo omisiones o negligencias por parte del personal del plantel. Como medida preventiva, y para garantizar la transparencia del proceso, se ha retirado a la directora de la escuela mientras se realizan las indagatorias correspondientes. La supervisora de la zona asumirá la dirección del plantel de forma interina, asegurando la continuidad de las actividades académicas y la estabilidad de la comunidad escolar. Esta decisión, si bien drástica, demuestra el compromiso de las autoridades educativas con la verdad y la justicia.

Paralelamente a la investigación interna, la Fiscalía de Justicia de Nuevo León ha tomado cartas en el asunto, iniciando una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades penales correspondientes. La colaboración entre las autoridades educativas y la Fiscalía es crucial para garantizar que este caso no quede impune y que se aplique todo el peso de la ley. La sociedad neo-leonesa espera con atención los resultados de estas investigaciones, confiando en que se hará justicia y se tomarán las medidas necesarias para prevenir futuros incidentes de esta naturaleza.

La Secretaría de Educación reitera su compromiso inquebrantable con la seguridad y el bienestar de todos los miembros de la comunidad educativa. Este compromiso se traduce en acciones concretas, como la atención inmediata a las denuncias, la activación de protocolos de actuación, la brindando apoyo psicológico y la colaboración con las autoridades judiciales. Se hace un llamado a la comunidad a denunciar cualquier tipo de violencia o abuso, recordando que la protección de la infancia es una responsabilidad compartida que exige la participación activa de todos. Solo a través de la denuncia y la acción conjunta podremos construir escuelas seguras y libres de violencia, donde nuestros niños y niñas puedan desarrollarse plenamente y alcanzar su máximo potencial.