La tragedia vuelve a teñir de rojo las tierras sinaloenses. Dos pequeñas vidas apagadas en el fuego cruzado de una violencia que parece no tener fin. Badiraguato, un nombre que resuena con ecos de dolor, se convierte en el escenario de un nuevo capítulo de esta historia que nos golpea una y otra vez. El pasado martes, la comunidad de La Cieneguilla, enclavada en el corazón de la sierra, fue testigo de un enfrentamiento armado que dejó una profunda herida en el alma de Sinaloa.

Mientras las autoridades se enfrascan en un intercambio de responsabilidades, la realidad es una: dos niñas, dos futuros truncados, dos familias destrozadas. La Fiscalía General del Estado se deslinda del conteo, argumentando que la investigación fue atraída por la Fiscalía General de la República. Un tecnicismo legal que no aminora el dolor, que no devuelve la vida a quienes la perdieron. ¿Acaso importa quién lleva la cuenta cuando lo que se cuenta son vidas humanas?

El reporte oficial habla de una agresión directa contra elementos del Ejército y de la Fiscalía, una emboscada en el camino hacia La Lapara, donde se investigaba el hallazgo de tres cuerpos sin vida. Una espiral de violencia que se alimenta a sí misma, un ciclo que parece no tener fin. En medio de este caos, dos niñas inocentes se convierten en víctimas colaterales, un daño irreparable que nos obliga a preguntarnos, ¿hasta cuándo?

Mientras la FGR asume la investigación y las cifras oficiales bailan entre las responsabilidades estatales y federales, el dolor de las familias permanece. Anabel, Saúl, Gael, nombres que se suman a la lista de heridos, sobrevivientes que cargarán con las cicatrices físicas y emocionales de este fatídico encuentro. Trasladados a Culiacán, luchan por sus vidas, mientras la sombra de la tragedia se cierne sobre ellos.

Siete carpetas de investigación más por homicidio doloso se abrieron ese mismo martes en Sinaloa. Nueve víctimas en total, una estadística fría que no refleja el drama humano que se esconde detrás de cada número. Mazatlán, otro punto en el mapa del dolor, donde restos óseos encontrados cerca de unos campos deportivos se suman a la macabra contabilidad de la violencia.

El informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, con corte al 2 de abril, ya pintaba un panorama desolador: 37 menores fallecidos por hechos violentos desde septiembre de 2024. Cuatro de ellos, víctimas colaterales. Con las dos niñas de Badiraguato, la cifra preliminar asciende a seis. Seis vidas infantiles apagadas, seis futuros robados, seis familias sumidas en el dolor.

¿Qué futuro le espera a un estado donde la violencia se cobra la vida de sus niños? ¿Qué esperanza podemos albergar cuando la inocencia se convierte en blanco del fuego cruzado? Es hora de exigir respuestas, de exigir acciones concretas que rompan este ciclo de violencia. No podemos permitir que la sangre de nuestros niños siga regando la tierra de Sinaloa. No podemos permitir que sus nombres se conviertan en simples estadísticas en un informe oficial. Es hora de alzar la voz, de exigir un cambio, de construir un futuro donde la vida, y sobre todo la vida de nuestros niños, sea el valor supremo.