La salud, un derecho fundamental, se encuentra en una encrucijada en nuestro país. Mientras que la atención médica privada experimenta un crecimiento constante, los servicios públicos luchan por mantenerse a flote, creando una brecha cada vez mayor entre quienes pueden acceder a una atención de calidad y quienes no. Las cifras hablan por sí solas: en la última década, la proporción de la población sin seguridad social que recurre al sector privado ambulatorio se ha duplicado, pasando del 31% al 60%. Este dato no solo refleja una creciente demanda de servicios médicos, sino también una preocupante incapacidad del sistema público para satisfacer las necesidades de una parte significativa de la población.

A este panorama se suma el incremento en el gasto de bolsillo, que tras un periodo de descenso, ha vuelto a repuntar hasta alcanzar un alarmante 41% en 2021. Este porcentaje nos sitúa en una posición desfavorable frente a otros países de Latinoamérica, como Colombia, Costa Rica y Chile, donde el gasto de bolsillo representa una fracción considerablemente menor del gasto total en salud. Pagar de nuestro propio bolsillo por servicios de salud esenciales no solo representa una carga económica para las familias, sino que también puede retrasar o incluso impedir el acceso a la atención médica, poniendo en riesgo la salud y el bienestar de la población.

La pregunta que surge es: ¿por qué está ocurriendo esto? La respuesta, aunque compleja, apunta a una combinación de factores, entre los que destaca la insuficiente inversión en el sistema público de salud. El recorte presupuestal previsto para 2025 no hace más que agravar la situación, presagiando una mayor privatización de la atención ambulatoria. Esta privatización "silenciosa", como la denomina el Dr. Adolfo Martínez Valle, experto en políticas públicas y salud, no ha sido abordada con la rigurosidad que merece, permaneciendo en la sombra a pesar de sus profundas implicaciones para la salud pública.

Es crucial reconocer esta privatización como un problema de salud pública derivado de la falta de capacidad del sistema público para responder a la demanda. Sin embargo, esta problemática brilla por su ausencia en el recientemente publicado Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, lo que nos lleva a cuestionar la verdadera prioridad que se le otorga a la salud de la población. No podemos permitir que la salud se convierta en un privilegio reservado para quienes pueden pagarlo.

Para revertir esta tendencia, es necesario implementar estrategias concretas y efectivas. En primer lugar, se requiere un aumento gradual del gasto público en salud para la población sin seguridad social, hasta alcanzar un nivel similar al de la población con seguridad social. Esta inversión debe destinarse a fortalecer la capacidad ambulatoria del sector público, implementando modelos de atención primaria que prioricen la prevención y la atención resolutiva de enfermedades crónicas, que representan un desafío creciente para nuestro sistema de salud.

Además, es fundamental aprovechar la capacidad resolutiva del sector privado, incluyendo los consultorios adyacentes a farmacias, para la atención de problemas de salud agudos. Esta integración debe realizarse a través de una regulación efectiva que garantice la calidad de la atención y la protección de los derechos de los pacientes.

De no tomar medidas urgentes, la atención ambulatoria pública seguirá siendo insuficiente y la privatización "silenciosa" continuará su avance inexorable, perjudicando la salud de los más vulnerables. El futuro de la salud en nuestro país depende de la capacidad de reconocer este problema y de la voluntad política para implementar las soluciones necesarias. El tiempo apremia y la salud de la población no puede esperar.