La posible inacción del Instituto Nacional Electoral (INE) ante las 26 candidaturas cuestionadas para puestos judiciales ha desatado una tormenta política. El Presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, ha dejado claro que no se quedarán de brazos cruzados. Su mensaje es contundente: si el INE no actúa, el Congreso llevará el caso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Esta declaración no es una simple amenaza, sino una muestra de la firmeza con la que el Senado pretende abordar este tema crucial para la integridad del sistema judicial.

La tensión se palpa en el ambiente. Fernández Noroña, en una declaración a medios previa a la sesión de la Comisión Permanente, instó a la prudencia y a esperar la resolución del INE en su sesión de este jueves. Sin embargo, sus palabras dejan entrever la poca confianza que deposita en la actuación del organismo electoral. "Si el INE se da por muerto, vamos al tribunal electoral", sentenció. Esta frase, corta pero cargada de significado, resume la postura del Senado: agotarán todas las instancias legales para garantizar la idoneidad de los futuros jueces.

El senador morenista no se limitó a anunciar las posibles acciones legales. También lanzó un desafío directo al INE, cuestionando su autoridad constitucional para intervenir en la selección de candidatos judiciales. "¿Dónde está la atribución constitucional para que el Senado haga eso?", preguntó retóricamente. Este cuestionamiento pone de manifiesto la complejidad del entramado legal que rodea el proceso de selección y la discrepancia de interpretaciones entre el Senado y el INE.

La estrategia legal del Senado ha dado un giro. Inicialmente, el área jurídica había presentado una impugnación general al acuerdo del INE sobre las candidaturas. Sin embargo, Fernández Noroña informó que dicha impugnación fue retirada y que se presentarán impugnaciones individuales contra cada una de las 26 candidaturas cuestionadas. Este cambio de táctica busca una mayor precisión y efectividad en la acción legal, centrándose en las irregularidades específicas de cada candidato.

La polémica se extiende más allá de las acciones legales. La reserva en torno a los nombres de los 26 candidatos y las razones de su impugnación ha generado especulaciones. Fernández Noroña aclaró que la decisión de no hacer pública la información busca evitar cualquier tipo de influencia indebida en el proceso. "No hicimos público ningún dato, quien lo haya hecho público es su responsabilidad", afirmó, deslindándose de cualquier filtración y previniendo posibles acusaciones de interferencia en el proceso electoral.

El senador insistió en que este caso no debe empañar el proceso de elección judicial, un hito histórico en el país. La ciudadanía, por primera vez, tendrá la oportunidad de elegir directamente a los jueces que impartirán justicia. Sin embargo, la sombra de la duda se cierne sobre el proceso, y la resolución del INE y, posteriormente, del TEPJF, serán determinantes para asegurar la transparencia y la legitimidad de la elección. El futuro del Poder Judicial está en juego.