La noticia del matrimonio entre Natalia y Miguel, dos niños de apenas 12 años en San Pedro Cuitlapan, Guerrero, ha encendido las alarmas y desatado una intensa controversia en redes sociales. Más allá de la aparente conformidad de ambas familias, este caso pone de manifiesto una problemática profundamente arraigada en ciertas comunidades: la normalización del matrimonio infantil. Aunque en este caso particular ambos menores tienen la misma edad y no se evidencian signos de coerción, la situación exige una reflexión profunda sobre la vulnerabilidad de la infancia y la necesidad de proteger sus derechos.

La legislación mexicana es clara: el matrimonio infantil está prohibido. La reforma constitucional de 2024, que modificó el artículo 2º, refuerza la prohibición de la unión entre adultos y menores, especialmente en comunidades indígenas. Sin embargo, la persistencia de esta práctica demuestra que las leyes, por sí solas, no son suficientes. Se requiere un cambio cultural profundo que erradique la aceptación social de estas uniones y garantice el pleno desarrollo de niños y niñas.

El INEGI ha documentado las causas subyacentes a esta problemática, señalando la pobreza, la falta de acceso a la educación y la prevalencia de usos y costumbres en comunidades indígenas y rurales como factores determinantes. En muchos casos, las familias ven el matrimonio infantil como una estrategia de supervivencia económica, un mecanismo para asegurar el futuro de sus hijas o una forma de preservar sus tradiciones. Sin embargo, estas justificaciones no pueden eclipsar las graves consecuencias que el matrimonio infantil acarrea para los menores.

Las niñas son las principales víctimas de esta práctica. Se ven obligadas a asumir roles de adultas a una edad temprana, expuestas a embarazos precoces, violencia doméstica y abandono escolar. Su salud física y mental se ve comprometida, limitando sus oportunidades de desarrollo y perpetuando ciclos de pobreza. Los niños también sufren las consecuencias del matrimonio infantil, aunque en menor medida. Se les priva de su infancia, se les obliga a asumir responsabilidades adultas y se les limita el acceso a la educación y a un futuro prometedor.

La indignación generada en redes sociales por el caso de Natalia y Miguel es un reflejo de la creciente conciencia social sobre esta problemática. Es imperativo que las autoridades, las organizaciones civiles y la sociedad en su conjunto trabajemos unidos para erradicar el matrimonio infantil. Se necesitan estrategias integrales que aborden las causas raíz de esta práctica, que promuevan la educación, empoderen a las niñas y fortalezcan los mecanismos de protección a la infancia. No podemos permitir que la tradición y la costumbre justifiquen la vulneración de los derechos de los niños y las niñas. Su futuro está en juego.

Es fundamental que se implementen programas educativos que sensibilicen a las comunidades sobre las consecuencias negativas del matrimonio infantil y que promuevan la importancia de la educación y el empoderamiento de las niñas. También es crucial fortalecer los sistemas de justicia y garantizar que se sancionen a quienes perpetúan esta práctica. La lucha contra el matrimonio infantil requiere un compromiso colectivo y una acción decidida. Solo así podremos construir un futuro donde todos los niños y niñas tengan la oportunidad de alcanzar su pleno potencial.

El caso de Natalia y Miguel no debe ser un hecho aislado que se olvide con el tiempo. Debe ser un llamado a la acción para que, como sociedad, nos comprometamos a proteger a nuestros niños y niñas y a garantizarles un futuro libre de violencia y discriminación. La infancia es un derecho, no una mercancía.