La sombra de la corrupción se cierne sobre los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver). La gobernadora Rocío Nahle García ha confirmado la denuncia interpuesta por el contralor general, Ramón Santos Navarro, contra Sesver por un presunto daño patrimonial detectado durante la administración de Cuitláhuac García Jiménez. La cifra, que asciende a 200 millones de pesos según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), corresponde al ejercicio fiscal 2023 y representa un duro golpe a la confianza ciudadana. Nahle García, en un tono firme y comprometido con la transparencia, ha asegurado que no habrá impunidad. "Si hay daño patrimonial, se tiene que llamar a cuentas", declaró, reafirmando su compromiso de velar por los recursos de Veracruz. La mandataria estatal ha explicado que la ASF, reconocida por su rigurosidad, ha realizado una auditoría exhaustiva, emitiendo observaciones que los funcionarios deben solventar. De no hacerlo, se enfrentarán a las consecuencias legales correspondientes.

Este caso destapa una preocupante realidad: la posible malversación de fondos destinados a la salud de los veracruzanos. La ASF ha detectado un pendiente por aclarar de casi 220 millones de pesos, un 3.1% de la muestra auditada, relacionado con irregularidades en el registro e información financiera, destino de recursos, servicios personales, adquisiciones y control de bienes y servicios. Si bien el gobierno de Veracruz ha logrado comprobar parcialmente el uso de 88 millones de pesos, la pregunta que queda en el aire es: ¿dónde están los casi 132 millones restantes? La ASF, en su informe, insta a la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control investigue a los responsables de estas omisiones y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente.

La trama se complica aún más al conocerse la entrega de millonarios contratos durante 2023. Dos contratos, por 29 y 65 millones de pesos respectivamente, fueron otorgados para la subrogación del servicio de alimentos y bebidas en la red hospitalaria. Empresas como Café Bersa S. de R.L. de C.V. y Casa Plarre S.A. de C.V. resultaron beneficiadas con adjudicaciones directas, un procedimiento que, si bien es legal en ciertas circunstancias, requiere una justificación sólida y transparente para evitar suspicacias. A Casa Plarre S.A. de C.V. se le adjudicaron otros tres contratos, uno por casi 4 millones para equipo médico y de laboratorio, y dos más por 61 y 131 millones de pesos, respectivamente, para el servicio de anestesia en hospitales de Veracruz. La suma de estos contratos levanta interrogantes sobre los criterios de selección y la posible existencia de favoritismo.

La Contraloría General del Estado y la Dirección Jurídica de la Secretaría de Salud, conscientes de la gravedad de los hechos, han presentado denuncias ante la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del estado de Veracruz contra el exdirector de Administración de Sesver, Jorge Sisniega Fernández. Trabajadores de la Secretaría de Salud han aportado documentación y testimonios que apuntan a la responsabilidad de Sisniega en la crisis que atravesó la dependencia durante su gestión. Si bien tres secretarios de Salud ocuparon el cargo durante el periodo investigado - Roberto Ramos Alor, Gerardo Díaz Morales y Guadalupe Díaz del Castillo -, la figura de Sisniega, encargado de la parte operativa y financiera, cobra especial relevancia en este entramado. La muerte de Gerardo Díaz Morales en agosto de 2023, y su posterior reemplazo por Guadalupe Díaz del Castillo, añade otro elemento a esta compleja ecuación.

La investigación en curso deberá determinar las responsabilidades individuales y esclarecer el destino de los recursos públicos. La sociedad veracruzana exige transparencia y justicia. El futuro de la salud en el estado depende, en gran medida, de la capacidad de las instituciones para sancionar la corrupción y garantizar la correcta gestión de los fondos destinados a este sector vital.