Veracruz se encuentra en el ojo del huracán tras revelarse un posible daño patrimonial millonario en la Secretaría de Salud. La Gobernadora Rocío Nahle García ha tomado las riendas de la situación, aclarando que la denuncia por presunto daño patrimonial no se dirige contra el exgobernador Cuitláhuac García Jiménez, sino contra Jorge Eduardo Sisniega Fernández, ex director administrativo de la dependencia durante la gestión anterior. Nahle García ha insistido en que la estabilidad política del estado no se ve comprometida y que se está trabajando con apego al Estado de Derecho para solventar las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La sombra de la corrupción se cierne sobre el sector salud veracruzano. La ASF ha detectado un posible daño patrimonial que asciende a la impactante cifra de mil 195 millones 724 mil 268.24 pesos, pendientes de aclarar. Esta cantidad, derivada de irregularidades en contratos y convenios del ejercicio 2023, pone en tela de juicio la gestión de los recursos federales destinados a la salud de los veracruzanos. ¿Dónde quedaron esos millones que debieron destinarse a la atención médica, a la infraestructura hospitalaria, a los medicamentos? Es una pregunta que exige una respuesta clara y contundente.

La Gobernadora Nahle ha enfatizado la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas. Ha asegurado que se está trabajando en conjunto con la Contraloría General del Estado y la Dirección Jurídica de la Secretaría de Salud para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades. Se han presentado denuncias ante la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado de Veracruz contra Jorge Sisniega Fernández. La justicia deberá seguir su curso y determinar la culpabilidad o inocencia del exfuncionario.

La auditoría de la ASF ha destapado una serie de irregularidades que van más allá de simples errores administrativos. Se habla de incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, del Código Fiscal de la Federación y de otras normativas. Se han detectado fallas en la documentación justificativa de gastos, falta de trazabilidad en los procesos de compra y adjudicación de contratos, e incluso, se presume la utilización de vehículos que no cumplían con las especificaciones pactadas. Todo esto pinta un panorama preocupante de opacidad y posible mal manejo de los recursos públicos.

El caso del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) es particularmente alarmante. La ASF ha detectado un pendiente por aclarar de 219 millones 787 mil 717.49 pesos. Se señala, por ejemplo, un probable daño a la Hacienda Pública Federal por más de 19 millones de pesos en servicios de fletes y maniobras, donde la documentación presentada no justifica la prestación del servicio. Se han encontrado inconsistencias en las solicitudes de viajes, falta de evidencia que acredite los traslados y se ha comprobado que los vehículos utilizados no cumplían con las condiciones establecidas en los contratos.

La situación exige una investigación exhaustiva y un compromiso firme por parte de las autoridades para sancionar a los responsables y recuperar los recursos desviados. La salud de los veracruzanos no puede ser rehén de la corrupción. La Gobernadora Nahle tiene la oportunidad de demostrar su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, llevando este caso hasta las últimas consecuencias y sentando un precedente para que este tipo de situaciones no se repitan en el futuro. Los ciudadanos exigen justicia y esperan que se les dé una respuesta clara sobre el destino de los recursos que les pertenecen.