La sombra de un arancel del 100% sobre las producciones cinematográficas realizadas fuera de Estados Unidos, propuesta por el expresidente Trump, aún resuena en los pasillos de la industria global. Más allá de la retórica proteccionista que buscaba blindar a Hollywood, esta amenaza, de haberse materializado, habría desencadenado un efecto dominó de consecuencias devastadoras. No solo para las producciones internacionales, sino también, paradójicamente, para la propia industria estadounidense. Imaginen el escenario: un encarecimiento exponencial de las producciones de Hollywood, obligado a replegarse a sus fronteras y renunciar a los beneficios económicos y creativos que ofrece la colaboración internacional. Miles de empleos, tanto dentro como fuera de Estados Unidos, evaporándose como espejismos. Un mercado global fragmentado, lastrado por represalias comerciales y la desconfianza sembrada entre aliados históricos.

En un mundo cada vez más interconectado, donde la industria cinematográfica depende de la sinergia global, la propuesta de Trump representaba un anacronismo. Los estudios, hoy más que nunca, se nutren de los rodajes internacionales, se benefician de incentivos fiscales estratégicos y dependen del acceso a mercados globales para asegurar la viabilidad de sus proyectos. Imponer un arancel de tal magnitud no solo habría golpeado la economía, sino que también habría atentado contra la libertad creativa y la colaboración artística que enriquece al cine. Además, se abría un debate jurídico complejo, con la posible violación de tratados internacionales como el T-MEC, un pilar fundamental para el comercio en América del Norte, y la colisión con principios constitucionales como la Primera Enmienda, garante de la libertad de expresión.

El T-MEC, un acuerdo meticulosamente negociado, establece un marco legal claro y contundente: la prohibición expresa de la imposición de aranceles o cualquier tipo de discriminación hacia los productos audiovisuales entre los países firmantes. La amenaza de Trump, por lo tanto, no era solo una medida proteccionista, sino una potencial violación de un acuerdo internacional, con consecuencias imprevisibles para las relaciones comerciales entre los países involucrados. Ante esta situación, México no se limitó a reaccionar; asumió un rol de liderazgo. Con una estrategia firme y una visión clara, el gobierno mexicano, liderado por nuestra presidenta y con el apoyo del ministro de Economía, ha demostrado su capacidad para proteger sectores clave de la economía nacional, como el automotriz, ante presiones externas. Este mismo enfoque estratégico, esta misma determinación, debe extenderse al sector audiovisual.

Esta coyuntura, lejos de representar una amenaza, se convierte en una oportunidad histórica. Una oportunidad para consolidar a México como un destino predilecto para la producción cinematográfica global. Para lograrlo, propongo tres medidas clave: Primero, fortalecer aún más los incentivos fiscales para las producciones internacionales que elijan a México como escenario de sus historias. Segundo, impulsar la formación de talento local, invirtiendo en la educación y capacitación de profesionales en todas las áreas del cine, desde la dirección y la producción hasta las técnicas más especializadas. Tercero, promover la creación de una red de colaboración entre la industria cinematográfica mexicana y los principales actores del mercado global, facilitando la coproducción y la distribución internacional de películas mexicanas.

México cuenta con el talento, la infraestructura, la visión y el liderazgo necesarios para convertir esta coyuntura en un trampolín hacia el futuro. No nos detendremos ante la amenaza de aranceles proteccionistas. Al contrario, es el momento de proyectarnos al mundo con fuerza y determinación, consolidando nuestra posición como una potencia creativa con rumbo y estrategia.