La sombra del terror se cierne sobre las comunidades de El Ranchito y El Paso del Tigre en Madero, Michoacán. Familias enteras, cerca de 70 personas, han huido de sus hogares, despojadas de sus tierras, su ganado y su tranquilidad. El miedo es palpable en sus voces, en sus miradas, mientras relatan las atrocidades cometidas por dos grupos criminales que se disputan el control de la región. No son simples delincuentes, son la ley, la que imponen a base de secuestros, extorsiones, torturas y asesinatos. Las historias que comparten son desgarradoras, un crudo testimonio de la violencia que azota a estas comunidades.

Uno de los afectados, cuyo nombre se reserva por seguridad, relata cómo los criminales, tras agotar los recursos naturales de las sierras del Capulín y Balcones, incluso el agua que utilizaban para la producción de drogas sintéticas, han vuelto su mirada hacia los pobladores. Exigen millones de pesos a cambio de su seguridad, una suma imposible de reunir para estas familias que viven del trabajo honesto. Ante la imposibilidad de pago, la única alternativa que ofrecen es unirse a sus filas, convertirse en cómplices de sus crímenes. A este hombre, además de despojarlo de su hogar y su ganado, le quemaron su rancho, una clara advertencia de lo que les espera a quienes se resistan a sus exigencias.

Ramiro Pérez y Juan Valdés son los nombres que resuenan como los cabecillas de uno de los grupos criminales. Del otro lado, dos hermanos, Fernando y Eleazar Hernández, lideran la facción opuesta. Entre ambos bandos han sembrado el terror en estas comunidades. "Secuestran, matan, torturan… son la ley", afirma otro de los desplazados. La impunidad con la que operan es escalofriante. Roban camionetas, motocicletas, todo lo que encuentran a su paso, y las violaciones son una constante en su reinado de terror.

Una mujer, con la voz entrecortada por el miedo, relata el secuestro que sufrió junto a su esposo e hijo. La exigencia económica era exorbitante, una cantidad que jamás podrían conseguir. La amenaza de muerte pendía sobre sus cabezas si no accedían a trabajar para ellos. El miedo por su vida y la de su familia los obligó a abandonar su hogar, a dejar atrás todo lo que conocían, con la esperanza de encontrar la seguridad que les fue arrebatada.

La violencia no cesa. El hallazgo de cuerpos calcinados, decapitados y con heridas de bala en distintos puntos del municipio de Madero, es una muestra más de la brutalidad de estos grupos. La pugna por el control del territorio se cobra vidas inocentes, mientras las autoridades parecen incapaces de frenar la ola de violencia. Si bien la Fiscalía de Michoacán ha realizado operativos y cateos, como el reciente decomiso de drogas en un bar de Morelia, la situación en Madero sigue siendo crítica. La pregunta que queda en el aire es ¿cuántas vidas más se cobrará esta guerra antes de que se restablezca la paz y la justicia en estas comunidades? La angustia de las familias desplazadas es un llamado urgente a las autoridades para que actúen con contundencia y les devuelvan la seguridad que les fue arrebatada. No pueden seguir viviendo con el miedo constante de ser las próximas víctimas de esta espiral de violencia.