La tragedia de Badiraguato ha sacudido a Sinaloa y al país entero. La imagen de dos niñas, Leydi y Alexa, arrebatadas de la vida en medio del fuego cruzado, es un puñal en el corazón de cualquier persona de bien. No son simples estadísticas, son vidas truncadas, sueños rotos, familias destrozadas. El dolor que embarga a sus padres, a sus seres queridos, es un dolor que compartimos todos. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI, la violencia siga cobrando víctimas inocentes, especialmente niños? ¿Hasta cuándo tendremos que soportar la angustia de saber que nuestros hijos no están seguros ni siquiera en sus propios hogares?

Las palabras del gobernador Rocha Moya, cargadas de indignación y dolor, reflejan el sentir de una sociedad harta de la violencia. Su promesa de justicia no es un simple discurso político, es una obligación moral. No basta con lamentar lo sucedido, es necesario actuar con firmeza y determinación para que estos hechos no se repitan. La investigación debe ser exhaustiva y transparente, sin concesiones ni encubrimientos. Los responsables, sean quienes sean, deben pagar por sus crímenes.

Es cierto que las autoridades han reportado avances en materia de seguridad, con detenciones, decomisos y desmantelamiento de laboratorios. Pero la realidad es que la violencia persiste, acecha en las sombras, lista para arrebatarnos lo que más queremos. La lucha contra el crimen organizado no es una tarea fácil, requiere de una estrategia integral que involucre a todos los niveles de gobierno, a la sociedad civil y a la comunidad internacional. Necesitamos más que palabras, necesitamos acciones concretas que nos permitan recuperar la paz y la tranquilidad.

La tragedia de Badiraguato nos obliga a reflexionar sobre el rumbo que estamos tomando como sociedad. ¿Qué futuro les espera a nuestros hijos si crecen en un ambiente de violencia e impunidad? ¿Qué tipo de país estamos construyendo si no somos capaces de garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos, especialmente de los más vulnerables? Es momento de unirnos, de alzar la voz y exigir un cambio. No podemos permitir que la violencia nos robe la esperanza. Debemos construir un Sinaloa, un México, donde la vida de cada niño sea valorada y protegida. La memoria de Leydi y Alexa debe ser un recordatorio constante de la urgencia de actuar, de trabajar juntos para construir un futuro mejor, un futuro donde la paz no sea una utopía, sino una realidad.

El dolor que hoy nos embarga debe transformarse en fuerza, en determinación para exigir justicia y para construir un futuro libre de violencia. No podemos permitir que la indignación se diluya con el tiempo. Debemos mantener viva la llama de la esperanza, la convicción de que un mundo mejor es posible. La memoria de Leydi y Alexa nos lo demanda.

La investigación que se está llevando a cabo debe ir más allá de la simple identificación de los autores materiales. Es necesario desmantelar las redes de complicidad que permiten que estos grupos criminales operen con impunidad. Se debe investigar a fondo la posible colusión de autoridades locales, estatales o federales. La justicia no puede ser selectiva, debe alcanzar a todos los responsables, sin importar su posición o influencia.

Además de la justicia, es fundamental atender a las víctimas. Las familias de Leydi y Alexa necesitan apoyo psicológico, económico y legal. El Estado tiene la obligación de brindarles la asistencia necesaria para que puedan superar esta terrible tragedia. No podemos dejarlos solos en su dolor.

La sociedad civil también tiene un papel importante que desempeñar. Debemos organizarnos, exigir rendición de cuentas a las autoridades, y promover una cultura de paz y respeto a la vida. La lucha contra la violencia es una tarea de todos.