La indignación y la angustia se apoderan de la comunidad de San Cristóbal, en Bogotá, tras la revelación de los aberrantes abusos sexuales cometidos contra al menos doce menores en el jardín infantil Candanda Sede F del ICBF. El testimonio desgarrador de una madre, que relató cómo su pequeña hija de tan solo dos años le confesó los vejámenes sufridos a manos de su profesor, ha destapado una olla a presión de horror e impotencia. La niña, con la inocencia arrebatada, describió cómo el presunto agresor la llevaba al baño y, bajo el engaño de "juegos con bolitas", abusaba sexualmente de ella. Imaginen el dolor de esta madre, el desgarro de saber que el lugar donde confiaba el cuidado de su hija se convirtió en escenario de tan terribles crímenes.

Este testimonio ha desencadenado una ola de denuncias por parte de otros padres de familia, quienes han reconocido cambios alarmantes en el comportamiento de sus hijos, como episodios de miedo recurrentes, pesadillas y un retraimiento inusual. La sombra de la sospecha se cierne sobre más casos, y se teme que el número de víctimas aumente en los próximos días. Las autoridades sanitarias han confirmado el abuso de al menos seis menores, y tres denuncias formales ya han sido interpuestas. Además, se ha generado una profunda preocupación por la posibilidad de contagio de VIH, ya que se presume que dos de las víctimas podrían estar infectadas. Varias menores se encuentran hospitalizadas, sometidas a exhaustivos exámenes médicos para descartar esta terrible posibilidad. La angustia de las familias se multiplica ante esta nueva amenaza, un peso adicional a la ya insoportable carga del abuso.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a través de su director regional en Bogotá, Julián Moreno, ha confirmado el cierre temporal del jardín infantil. Moreno ha calificado la situación como "inadmisible", un hecho que conmociona la conciencia y pone en tela de juicio los protocolos de seguridad y vigilancia en estos espacios que deberían ser santuarios de protección para la infancia. ¿Cómo es posible que un depredador sexual se infiltrara en un lugar destinado al cuidado de los más vulnerables? ¿Qué fallas en el sistema permitieron que este horror se perpetuara durante tanto tiempo? Estas son preguntas que exigen respuestas urgentes y acciones contundentes.

La Fiscalía General de la Nación actuó con celeridad y anunció la captura del presunto responsable, un hombre que trabajaba en la institución desde febrero y tenía a su cargo niños de dos y tres años. La justicia deberá determinar su culpabilidad y aplicar todo el peso de la ley. Sin embargo, más allá del castigo penal, este caso nos interpela como sociedad. Debemos reflexionar sobre las fallas en la prevención y atención del abuso infantil. Necesitamos fortalecer los mecanismos de control en las instituciones educativas y, sobre todo, educar a nuestros niños y niñas para que puedan identificar y denunciar cualquier situación de riesgo.

El llamado de Astrid Cáceres, directora del ICBF, a la transformación social y a la no violencia, resuena con fuerza en medio de la indignación. No podemos permitir que la rabia nos ciegue y nos lleve a actos de vandalismo. La verdadera transformación debe partir de la construcción de una cultura de cuidado y protección, donde la infancia sea una prioridad inquebrantable. Este caso debe servir como un llamado de atención para que, como sociedad, nos unamos en la defensa de los derechos de nuestros niños y niñas, para que nunca más tengan que sufrir el horror del abuso. La justicia debe actuar con firmeza, pero también debemos trabajar en la prevención y en la creación de entornos seguros para la infancia. El futuro de nuestros hijos depende de ello.