La proliferación de radares móviles en las calles de la Ciudad de México ha desatado una ola de ingenio, y no precisamente del tipo que las autoridades esperaban. Ante la amenaza de multas que muchos consideran exorbitantes, automovilistas han encontrado una vía alterna, un atajo legalmente cuestionable: la falsificación de documentos para el cambio de placas. Este subterfugio les permite evadir el peso completo de la ley, pagando una fracción –menos del 10%- del costo real de sus infracciones por exceso de velocidad. Un secreto a voces que se propaga por las calles y se comparte entre conductores, como un consejo susurrado al oído.

El sistema, aunque ilícito, tiene su propia economía interna. El precio por conseguir estas nuevas placas, a través de intermediarios que operan en las sombras del sistema, oscila alrededor de los 2,300 pesos. A esta cantidad se suma una “comisión” extra de aproximadamente mil pesos, destinada a recompensar las diligencias de estos gestores clandestinos. Su contacto, como suele suceder en estos casos, se transmite de boca en boca, recomendado por aquellos que ya han transitado por este camino turbio y han logrado evadir la justicia.

Las historias que se cuentan entre los conductores son elocuentes. Hay quienes confiesan acumular hasta 16 multas, una cifra que se traduce en una deuda cercana a los 36 mil pesos, una cantidad que para muchos resulta simplemente impagable. La percepción generalizada es que se trata de un abuso, un sistema que busca recaudar a costa del bolsillo del ciudadano. Y la sensación de injusticia se agudiza con la llegada de los radares, coincidiendo con un incremento notable en las infracciones.

Recordemos que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) anunció con bombos y platillos, el pasado 22 de febrero, la implementación de este nuevo sistema de radares. Su objetivo, según las autoridades, es claro: medir la velocidad de los vehículos, identificar a los infractores reincidentes y, en última instancia, salvar vidas. Estos dispositivos, estratégicamente ubicados en las principales vialidades, tienen la capacidad de detectar a quienes superan los límites de velocidad: 80 km/h en vías primarias y 50 km/h en secundarias. La promesa era que los recursos obtenidos se destinarían a fortalecer el programa. Además, se estableció una sanción ejemplar para los conductores con tres infracciones acumuladas: el temido corralón.

Sin embargo, la realidad dista mucho de la narrativa oficial. La instalación de estos radares ha generado una oleada de descontento entre automovilistas y motociclistas. La queja principal no se centra en la necesidad de controlar la velocidad, sino en las condiciones deplorables de las vialidades. Baches que parecen cráteres lunares, banquetas en ruinas, semáforos intermitentes o directamente apagados… Para muchos, la prioridad debería ser la inversión en infraestructura, en lugar de la imposición de multas que perciben como injustas. Se sienten cazados en una jungla de asfalto, donde el peligro no proviene únicamente del exceso de velocidad, sino también del precario estado de las vías. La pregunta que flota en el aire es: ¿se está utilizando la seguridad vial como pretexto para una recaudación encubierta? El debate está abierto.