México se encuentra en un momento histórico, un parteaguas en la forma en que concebimos y construimos nuestro sistema judicial. Por primera vez, la ciudadanía tendrá en sus manos la responsabilidad de elegir a quienes impartirán justicia, tanto a nivel federal como local. Este proceso, sin precedentes en nuestra historia, representa un desafío enorme, pero también una oportunidad invaluable para fortalecer el Estado de Derecho y acercar la justicia a la gente.

Imaginemos por un momento la magnitud de esta transformación. Hasta ahora, la designación de jueces y magistrados se realizaba a través de procesos complejos, a menudo alejados del escrutinio público. Hoy, la voz del pueblo resonará en las urnas, decidiendo quiénes ocuparán los 138 cargos judiciales en la Ciudad de México, desde los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial hasta las magistraturas y judicaturas. Esta nueva dinámica implica un cambio radical en la relación entre la ciudadanía y el poder judicial, un paso fundamental hacia una justicia más transparente y democrática.

La reforma constitucional de 2024, que sentó las bases para esta elección histórica, y su posterior adaptación en las entidades federativas, constituyen un hito en la evolución de nuestro sistema político. El hecho de que el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), instituciones con una amplia trayectoria y reconocimiento en la organización de comicios, estén a cargo de este proceso, brinda una garantía fundamental de imparcialidad y transparencia.

En la Ciudad de México, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) ha asumido el reto con la seriedad y profesionalismo que lo caracteriza. La declaración del inicio del proceso electoral, la emisión de la convocatoria para el registro de aspirantes, la conformación de los listados por parte de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, son pasos firmes en la construcción de este nuevo camino.

El trabajo del IECM, en coordinación con el INE, es titánico. Implica la adaptación de toda la infraestructura electoral a esta nueva realidad: la selección y capacitación de funcionarios de casilla, la adquisición de materiales, la impresión de boletas, la vigilancia de la jornada electoral del 1 de junio, los cómputos, la entrega de constancias de mayoría, entre otras muchas tareas. Un engranaje complejo que debe funcionar a la perfección para garantizar la legitimidad del proceso.

Adaptar un sistema electoral, concebido originalmente para elegir otro tipo de autoridades, a la elección de jueces y magistrados, ha requerido de una gran capacidad de innovación. La creación de 11 Distritos Judiciales Electorales para distribuir equitativamente los cargos y las candidaturas es un ejemplo de esta adaptabilidad. Asimismo, las reglas específicas para las campañas, limitadas a recursos propios y con propaganda impresa en papel, aunque con la posibilidad de utilizar medios digitales, buscan asegurar la equidad y la transparencia en la contienda.

El 1 de junio, casi 8 millones de electores en la Ciudad de México tendrán en sus manos la decisión. Recibirán 9 boletas: 6 para cargos federales y 3 para los locales. La forma de votar también será diferente, requiriendo escribir los números de los candidatos de su preferencia. La ausencia de cómputo en las casillas y su realización por parte de funcionarios electorales en las 33 sedes distritales del IECM, añade otra capa de complejidad al proceso.

Este proceso electoral inédito no está exento de desafíos. Sin embargo, la experiencia y el compromiso de las instituciones electorales, la participación ciudadana informada y responsable, y la voluntad de construir un sistema judicial más justo y democrático, son los pilares sobre los que se cimienta esta transformación histórica. El futuro del poder judicial está en nuestras manos.