La sombra de "Rápido y Furioso" se cierne nuevamente sobre el escenario político, resurgiendo como un fantasma del pasado para alimentar la narrativa oficial. Si bien el gobierno estadounidense ya ha reconocido el fracaso de la operación, en México se insiste en utilizarla como arma arrojadiza contra la administración Calderón, buscando desviar la atención de la actual problemática del tráfico de armas. Se elogia la "mano dura" de Trump, mientras se olvida convenientemente que fue durante su mandato que se gestó y ejecutó esta fallida estrategia.

Es preciso recordar los hechos con objetividad, más allá de la manipulación política. "Rápido y Furioso" no fue un evento aislado, sino una operación que se desarrolló en diversas fases, desde su etapa preliminar en octubre de 2009, hasta la acusación de los implicados en enero de 2010. La investigación posterior, llevada a cabo por el Congreso estadounidense, confirmó la responsabilidad de agentes de la ATF, quienes permitieron el flujo de armas hacia México bajo la cuestionable táctica de "dejarlas caminar".

La omisión de información crucial al gobierno mexicano y la falta de coordinación entre las agencias de ambos países fueron factores determinantes en el fracaso de la operación. Agentes de la ATF en México se encontraron con la increíble situación de ver cómo su propia agencia facilitaba el tráfico de armas que ellos mismos debían combatir. La permisividad de la oficina del Procurador General en Arizona, al no implementar mecanismos de rastreo efectivos, contribuyó a que miles de armas desaparecieran del radar y terminaran en manos de criminales.

En México, las investigaciones sobre "Rápido y Furioso" se reactivaron con la llegada de la actual administración, enfocándose en la búsqueda de responsables dentro del gobierno anterior. Sin embargo, las acusaciones se basan en conjeturas e inferencias, sin pruebas contundentes que respalden la imputación de delitos. El Primer Tribunal Unitario de Quinto Circuito, en una decisión crucial, determinó la inexistencia del delito de introducción clandestina de armas por omisión, exonerando a los funcionarios de la administración 2006-2012.

Es fundamental recordar el papel del agente John Dodson, quien valientemente denunció la operación "Rápido y Furioso" ante los medios y el Congreso estadounidense. Su testimonio, inicialmente desestimado por sus superiores, fue clave para revelar la verdad y exponer las fallas de la ATF.

Finalmente, es necesario poner en perspectiva las cifras del tráfico de armas. Si bien el gobierno mexicano ha incautado un número considerable de armas, la realidad es que la gran mayoría sigue ingresando al país ilegalmente. Comparando las cifras de incautaciones de México y Estados Unidos, se evidencia que el problema es mucho mayor de lo que se reconoce oficialmente, superando con creces el impacto de "Rápido y Furioso". Es imperativo enfocar los esfuerzos en estrategias efectivas para combatir el tráfico de armas, en lugar de utilizar el pasado como pretexto para justificar las deficiencias del presente. La seguridad de México depende de ello.