Un aire de renovación sopla en el Poder Judicial mexicano. Las próximas elecciones para jueces, magistrados y representantes se presentan como una oportunidad histórica, un punto de inflexión en la trayectoria de la justicia en el país. La novedad del mecanismo de elección ha abierto las puertas a candidaturas diversas, trayendo consigo perspectivas frescas y la promesa de una justicia más incluyente. Nelly Montealegre Díaz, candidata a magistrada penal, lo describe como un proceso "sin precedentes", una tarea de "generar nuevas rutas". Con una trayectoria de 26 años en el sistema, principalmente como fiscal, Montealegre Díaz se ha enfrentado a casos emblemáticos de violencia contra las mujeres, feminicidios, desaparición forzada y trata de personas. Su experiencia, unida a su compromiso con la perspectiva de género y la infancia, la impulsa a buscar un Poder Judicial más sensible y eficaz en la reparación del daño a las víctimas. Su candidatura, además, simboliza la apertura del sistema a quienes, como ella, provienen de fuera de la carrera judicial, rompiendo barreras y democratizando el acceso a estos cargos. El apoyo de su familia, incluyendo a sus dos pequeñas hijas, la fortalece en este camino.

La candidatura de Hugo Aguilar, aspirante indígena a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), resuena con la fuerza de la representación histórica. Su postulación, inédita en el país, encarna la esperanza de los pueblos indígenas y afrodescendientes por una justicia que reconozca y respete sus visiones. Aguilar, originario de la región Mixteca de Oaxaca, se enfrenta a retos considerables, como las limitaciones de tiempo para recorrer el país y las barreras de acceso a la información en comunidades con bajos niveles de alfabetización. Sin embargo, el "trabajo de hormiga" que se realiza desde las comunidades, el respaldo de líderes y autoridades tradicionales, y la convicción de aportar una perspectiva diferente al debate judicial, lo impulsan a seguir adelante. Su visión, arraigada en la cosmovisión indígena, promete enriquecer la discusión sobre temas cruciales como el desarrollo y la justicia en relación con los territorios ancestrales. Frente a candidatas con mayor visibilidad y experiencia previa en la SCJN, Aguilar se presenta como una voz nueva, una voz que emerge desde la base y busca ser escuchada.

Karina Barrera Ortiz, candidata a magistrada administrativa, nos acerca a la realidad del distrito 8, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, donde la desinformación sobre el proceso electoral es palpable. Su experiencia en el terreno revela la desconexión existente entre el lenguaje jurídico y la comprensión ciudadana, una brecha que dificulta el acceso a la justicia y genera desconfianza en el sistema. Barrera Ortiz, miembro de la Escuela Federal de Formación Judicial, aboga por una transformación profunda que priorice la formación accesible y empática, especialmente para las nuevas generaciones que ingresan al Poder Judicial sin experiencia previa. Su trayectoria, desde secretaria hasta directora general, le ha brindado una comprensión integral del sistema y la motiva a buscar una justicia más cercana a la ciudadanía. Su enfoque, basado en la interpretación "decente" de las leyes, considerando factores como el género, la pertenencia indígena y la infancia, apunta hacia una justicia más humana y efectiva. La suma de estas experiencias, la diversidad de enfoques y la firme convicción de servir a la ciudadanía, dibujan un panorama esperanzador para el futuro del Poder Judicial en México. Este proceso electoral, sin duda, marca un antes y un después en la búsqueda de una justicia más justa, accesible e incluyente para todos.