México se encuentra a las puertas de un hito histórico en su democracia. Por primera vez, la ciudadanía tendrá la voz y el voto para elegir a quienes impartirán justicia en el país. El 1 de junio de 2025, el Instituto Nacional Electoral (INE) orquestará un proceso electoral sin precedentes, donde se elegirán desde jueces de juzgado hasta los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Imaginen el poder que esto otorga al pueblo, la posibilidad de moldear el futuro del sistema judicial mexicano.

Esta elección monumental abarcará la selección de nueve ministros para la SCJN, el máximo órgano de justicia del país. Piensen en la responsabilidad que recae sobre estos hombros, la tarea de interpretar la Constitución y salvaguardar los derechos fundamentales de todos los mexicanos. Además, se elegirán dos magistraturas de las Salas Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el guardián de la democracia electoral. Su labor es crucial para garantizar la transparencia y legitimidad de los procesos electorales, pilar fundamental de cualquier nación democrática.

A esto se suma la elección de 15 magistraturas de las Salas Regionales del TEPJF, encargadas de atender las particularidades regionales en materia electoral, y 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, responsables de velar por la ética y la integridad de los propios jueces. Finalmente, y no menos importante, se elegirán 464 magistraturas de Circuito y 386 jueces de Distrito, las figuras más cercanas a la ciudadanía en la impartición de justicia.

Los jueces de juzgado, en el centro de este proceso electoral, son los encargados de resolver las controversias legales en el ámbito federal, interpretando la ley y dictando sentencias en materias penal, civil, laboral y administrativa. Su papel es esencial para la protección de los derechos humanos, garantizando el acceso a la justicia para todos. Imaginen la importancia de elegir a profesionales íntegros y capacitados para desempeñar esta función vital.

Según datos de Data México, en el tercer trimestre de 2024, la fuerza laboral de Jueces de Juzgado, Directores y Gerentes en Servicios Legales y Procuración de Justicia ascendía a 13,800 personas, con una distribución de 69.7% hombres y 30.3% mujeres. El salario promedio se situaba en 8,500 pesos, con una jornada laboral de 32.7 horas semanales. Sin embargo, es importante destacar la diferencia salarial existente entre los jueces de juzgado y los jueces de Distrito. Mientras los primeros perciben un salario promedio de 8,500 pesos, los jueces de Distrito, de acuerdo con el Manual de Remuneraciones del PJF de 2024, reciben un sueldo mensual de 139,210 pesos, más de 16 veces superior. Esta disparidad salarial plantea interrogantes sobre la equidad y la necesidad de una revisión profunda del sistema de remuneraciones en el Poder Judicial. ¿Cómo incentivar la carrera judicial en los juzgados si la diferencia salarial es tan significativa? ¿Cómo garantizar la igualdad de oportunidades y la atracción de talento en todos los niveles del sistema judicial? Estas son preguntas cruciales que la ciudadanía debe considerar al momento de ejercer su voto el 1 de junio de 2025. Este proceso electoral representa una oportunidad única para fortalecer el Estado de Derecho y construir un sistema judicial más justo y equitativo para todos los mexicanos.